Diputados presentaron un pedido de impugnación contra la audiencia pública por la Ley de Glaciares

Una veintena de diputados nacionales de la oposición presentaron en las últimas horas un pedido de impugnación contra la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, luego de advertir que el oficialismo cerceno la participación popular, al dejar entrar a la sala de comisiones a solo 20 expositores de los más de 90.000 inscriptos.

Es que, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de la Cámara baja, así como la de Asuntos Constitucionales fijaron un esquema mixto de participación, presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video, frente a la magnitud inédita de inscriptos.

Sin embargo, la oposición alertó “irregularidades” en la metodología de selección de expositores, al no ser representativo de la cantidad de inscriptos, más de 80.000, por lo que pidieron la “revisión y adecuación” del procedimiento para que el debate sea “verdaderamente democrático”.

“Cercenaron la participación de manera arbitraria: de los más de 100 mil inscriptos, menos del 1% podrá participar, sin transparentar el mecanismo de selección”, denunció un grupo de diputados nacionales de la oposición, tras la primera jornada de la audiencia pública.

En esa línea, los legisladores plantearon que la elección de participantes “resulta manifiestamente incompatible” con el reglamento de la Cámara baja así como el interno de audiencia pública, al no garantizar la participación de toda la ciudadanía que se inscribió.

“No cumplen con la audiencia pública, van camino a simularla”, remarcaron los legisladores y agregaron: “Fue organizada para restringir ilegítimamente el derecho de la participación ciudadana efectiva, por lo tanto, contradice el plan de trabajo votado”.

En ese contexto, los diputados solicitaron la inmediata revisión, adecuación y/o nulidad de la metodología adoptada en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, por encontrarse viciada en sus elementos esenciales.

Vale precisar que, la nota elevada fue firmada por las diputadas Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora (Unión por la Patria), María Inés Zirgaran (UCR-Provincias Unidas) y Adriana cristina Serquis (Fuerza Patria-Río Negro).

Asimismo, el texto llevó el respaldo de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano (UCR), Juan Brügge (Demócrata Cristiano), Pablo Farías (Provincias Unidas) y Abelardo Ferrán (UxP).

Cabe destacar que, la modificación de la Ley de Glaciares habilita la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, hasta el momento prohibidas, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.

A su vez, el texto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera.

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, rechazó la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) que pretende debilitar los mecanismos de control sobre la actividad minera en la zona periglaciar, así como los criterios adoptados para la audiencia pública.

“La Provincia está absolutamente en contra del intento de modificar la Ley de Glaciares: no se debe cambiar la ley, sino mejorar su implementación, la reforma es ilegal e inconstitucional, viola el art. 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”, alegó la funcionaria.

En esa línea, la Ministra señaló que el proyecto afectaría gravemente a los sectores productivos del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que habilitaría actividades extractivistas en zonas actualmente protegidas, lo que generaría consecuencias ambientales graves e irreversibles como la pérdida de reservas estratégicas de agua y la contaminación de cuencas hídricas.

“Para las audiencias públicas en el Congreso, ya se inscribieron más de 50.000 personas para expresarse en su enorme mayoría en contra de esta reforma, pero el Gobierno nacional quiere habilitar solo dos días para llevarlas a cabo”, advirtió Vila.