Kicillof modificó la Ley de Obra Pública

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, modificó siete artículos de la Ley de Obra Pública a través del Decreto 623/2026, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a los procesos de contratación, redefinir mecanismos de adjudicación y establecer nuevas reglas para el financiamiento y pago de las obras públicas en todo el territorio bonaerense.

La norma que lleva la firma de Kicillof sostiene que existe una “imperiosa necesidad” de adecuar los procedimientos administrativos a criterios de calidad, eficiencia y eficacia, al tiempo que argumenta que las modificaciones buscan “optimizar las contrataciones de obra pública y establecer pautas para las modificaciones contractuales, limitando la intervención del Consejo de Obra Pública a cuestiones estrictamente técnicas”.

Uno de los cambios más relevantes en la Ley de Obra Pública se encuentra en el artículo 5. A partir de ahora, el Consejo de Obra Pública tendrá la responsabilidad de emitir un dictamen de carácter exclusivamente técnico para validar los proyectos, mientras que el Ministerio de Economía bonaerense deberá prever en cada presupuesto los créditos necesarios para garantizar el financiamiento de las obras durante toda su ejecución.

Según expuso el mandatario de la provincia de Buenos Aires, la modificación apunta a que cada proyecto que se ponga en marcha cuente desde el inicio con los recursos asignados para su concreción, de manera tal que se eviten inconvenientes financieros durante el desarrollo de los trabajos.

Otro de los artículos modificados es el noveno, que regula las obras que pueden adjudicarse mediante licitación privada, concurso de precios o ejecución por administración. Con la nueva redacción, solamente podrán encuadrarse en estas modalidades los proyectos que no superen un valor equivalente a 400 unidades de medida, un indicador vinculado al precio del metro cuadrado de construcción.

En materia de adjudicaciones, el decreto bonaerense establece que para determinar cuál es la oferta más ventajosa deberá considerarse en primer lugar el precio presentado por los oferentes, mientras que en un segundo nivel de análisis quedarán el costo, la calidad y los aspectos técnicos de las propuestas, y las características de la empresa oferente pasarán a tener una consideración posterior.

Por caso, las modificaciones también alcanzan al régimen de pagos previsto en el artículo 45 de la Ley de Obra Pública. Hasta ahora, la normativa contemplaba un plazo máximo de 30 días para abonar certificados o facturas de obra y reconocía intereses moratorios en caso de demoras por parte del Estado, mientras que la nueva reglamentación elimina la referencia a los intereses por mora.

Al mismo tiempo, la normativa modificada por Kicillof dispone que los pagos a contratistas deberán realizarse únicamente mediante transferencia a una cuenta bancaria en moneda nacional, ya sea en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o en la entidad financiera que corresponda.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sostienen que las modificaciones “permitirán agilizar los procedimientos administrativos, otorgar mayor previsibilidad a las contrataciones y mejorar la gestión de los recursos destinados a la obra pública bonaerense”.