La Armada desplazó a nueve efectivos en medio de la investigación por presunto cobro de sobresueldos

El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos. Además, ordenó su pase a disponibilidad mientras avanza una investigación disciplinaria.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La medida se tomó a partir de una investigación interna y corre por separado de la causa que tramita en la Justicia.

El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley de Personal Militar y supone que los involucrados quedan transitoriamente sin funciones por un plazo máximo de un año. La medida no implica por el momento una degradación ni una condena, sino su apartamiento de los cargos mientras se determinan eventuales responsabilidades disciplinarias.

En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones previstas pueden llegar hasta la destitución.

La investigación se inició después de que la Armada denunciara penalmente un presunto fraude vinculado con la liquidación de haberes. De acuerdo con la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un monto de $981.148.567,88.

La pesquisa administrativa determinó que los pagos superaban los haberes que correspondían o directamente no tenían respaldo en las liquidaciones. A partir de esas inconsistencias se abrió una causa en el Juzgado Federal N°2 para establecer las responsabilidades de los involucrados.

La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, luego de que en febrero de 2026 se detectaran suplementos improcedentes abonados inicialmente a cinco agentes.

La revisión técnica incluyó una comparación entre las liquidaciones de haberes, los recibos publicados, los lotes enviados al Banco Nación y las confirmaciones bancarias. Según la investigación, se habrían modificado manualmente registros y archivos después de los controles habituales y antes de que fueran remitidos al banco.

Luego, algunos valores habrían sido restituidos a su estado original, de manera que los importes adicionales no quedaran reflejados en los recibos de sueldo.

“La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”, expresó la Armada a través de un comunicado.

De acuerdo con la denuncia, las anomalías no aparecían distribuidas de manera generalizada, sino que se concentraban en determinados beneficiarios y seguían un mecanismo repetido. Los pagos irregulares se incorporaban al proceso mensual mediante el cual se abonaban los haberes de más de 24.000 personas.

La presentación sostiene que esta metodología habría permitido eludir los controles previos a la generación de los archivos bancarios. Además, señala que cuatro personas sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del monto total detectado.

Entre los beneficiarios mencionados aparecen María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz. En el caso de Prieto, la investigación indica que recibió $152.259.495,86 y que es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista.

Según las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía las acreditaciones, que las efectuaba de manera manual y que decidía personalmente tanto los destinatarios como los montos con el objetivo de beneficiarlos económicamente. También habría asegurado que ninguna otra persona participaba de esas decisiones.

La investigación interna detectó además pagos a personas vinculadas directamente con la fuerza. Roberto Eduardo Castro habría percibido simultáneamente haberes en el exterior y en la Argentina, pese a que el sistema debía excluirlo automáticamente del pago local.

Su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, habría recibido acreditaciones mientras se encontraba de licencia sin goce de sueldo. Será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes en cada uno de esos casos.

Hasta el momento de la presentación judicial se habían recuperado $42.574.267,63, por lo que quedaba pendiente un monto de $938.574.300,25. Las devoluciones, sin embargo, no modifican el total histórico de las acreditaciones denunciadas.

A partir de las irregularidades detectadas, la Armada reforzó sus mecanismos de control, separó las funciones vinculadas con liquidación, pago y conciliación, apartó preventivamente a Atanasoff y preservó los equipos y archivos relacionados con la investigación.