La Corte bonaerense oficializó el protocolo de “custodia y seguridad” de las sedes judiciales

La Suprema Corte bonaerense oficializó este jueves la aprobación del “Convenio de Coordinación Interinstitucional” con el Ministerio de Seguridad provincial, un convenio que establece el protocolo para la “custodia y seguridad” en edificios judiciales.

En ese sentido, la resolución publicada en el Boletín Oficial fue firmada por los tres integrantes de la Corte bonaerense: Hilda Kogan (presidenta) y los ministros Sergio Torres y Daniel Soria.

De esta manera, los organismos judiciales y/o funcionarios de la Jurisdicción Administración de Justicia que actualmente cuenten con servicios de seguridad prestados por personal policial deberán adecuaren los próximos 15 días su situación a los términos del convenio de Coordinación Institucional con la cartera de Seguridad.

Es preciso mencionar que, el convenio avanzó tras el reciente ataque por un grupo de 20 personas contra el edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín, el cual incluyó amenazas a trabajadores y contra el magistrado a cargo de esa dependencia, Nicolás Schiavo.

En detalle, el convenio entre el máximo tribunal provincial y la cartera de Seguridad tiene el propósito de establecer las pautas “para formalizar los requerimientos y la asignación del personal policial destinado a la prestación del servicio de custodia y seguridad en los edificios donde funcionan las distintas dependencias judiciales”.

Según establecen las cláusulas del acuerdo, los magistrados podrán solicitar con directamente al Ministerio a cargo de Javier Alonso con carácter excepcional el servicio de seguridad, “debiendo informar de manera inmediata dicha gestión a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales”.

“La Corte bonaerense se compromete a concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad en las dependencias judiciales y a transmitirlos al Ministerio por los canales, procedimientos y formalidades que se establezcan en los protocolos que se definan al efecto”, añade la resolución oficializada este jueves.

De esta manera, el personal policial asignado por el Ministerio de Seguridad cumplirá exclusivamente las funciones de seguridad que se le encomienden, con uniforme e insignia. A modo de ejemplo, podrán ser solicitados sus servicios en audiencias de debate o producción de prueba en lugares distintos a la sede del órgano jurisdiccional.

Para poner en marcha el acuerdo, la Suprema Corte asumió el compromiso de “concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad” y remitirlos al Ministerio de Seguridad por las vías que establezca el protocolo. A su vez, la cartera provincial analizará los fundamentos de cada solicitud, y definirá cómo se prestará el servicio.

Tras la conformación de una Mesa de Trabajo, el convenio fue firmado la semana pasada en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte bonaerense y contó con la presencia de los jueces del máximo tribunal. Además, participaron el jefe de la Policía bonaerense, Javier Carlos Villar, y el titular del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Matías Rappazzo.