La Corte le exige a Kicillof cubrir vacantes: “Este tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”

Con una Corte funcionando al límite y un reclamo que escala en volumen institucional, el máximo tribunal bonaerense decidió exponer públicamente su crisis interna y trasladar la presión al poder político. En ese escenario, su presidente, Sergio Torres, encabezó un acto junto a Daniel Soria e Hilda Kogan en el que no solo exigió avanzar con los nombramientos pendientes, sino que también puso sobre la mesa un proyecto para redefinir la autonomía del Poder Judicial.

El diagnóstico que trazó Torres fue contundente. La Corte funciona con tres miembros cuando, por ley, debería tener siete. Esa situación —que se arrastra desde hace más de seis años— se agravó con la salida de Luis Genoud en 2024, profundizando un escenario que el propio tribunal calificó como “inédito”.

En ese marco, el titular de la Corte planteó que la falta de integración no es un problema administrativo, sino una debilidad estructural del sistema institucional. La imposibilidad de alcanzar mayorías, la dependencia de instancias inferiores y la demora en decisiones clave aparecen como consecuencias directas de ese vacío.

El señalamiento apuntó de lleno al Ejecutivo y al Senado. Según la Constitución provincial, el gobernador debe proponer candidatos en un plazo de 15 días desde que se produce una vacante, para que luego la Cámara alta preste acuerdo. Sin embargo, ese mecanismo quedó trabado en la práctica por la falta de consensos políticos, ya que Kicillof no cuenta con los dos tercios necesarios para imponer nombres propios.

La Corte también amplió el foco y advirtió que el déficit no se limita a su integración. Si bien se destacaron más de 400 designaciones recientes en el sistema judicial, todavía quedan más de 200 cargos vacantes en distintos fueros.

Ese dato revela un problema estructural más profundo: la dificultad del sistema político para sostener un ritmo constante de nombramientos en un contexto de alta fragmentación y negociación permanente. En ese marco, el máximo tribunal dejó en claro que la situación impacta directamente en la calidad del servicio de justicia.

En paralelo al reclamo por las vacantes, Torres presentó un proyecto de ley para dotar al Poder Judicial de autarquía financiera y funcional. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, cuenta con el respaldo de la Procuración, colegios de magistrados, asociaciones judiciales y entidades de abogados.

El planteo es claro: sin autonomía presupuestaria, la independencia judicial queda condicionada. Actualmente, el Poder Judicial depende del Ejecutivo para la asignación de recursos, lo que limita su capacidad de planificación y gestión.

El presidente de la Corte puso sobre la mesa datos concretos. El presupuesto judicial representa entre el 3,5% y el 4,5% del gasto provincial, y más del 90% se destina a salarios. Ese esquema deja escaso margen para inversión en infraestructura, tecnología o modernización.

A eso se suma una brecha salarial significativa con la Justicia nacional, que en promedio supera el 50%. Ese diferencial es interpretado dentro del sistema como una consecuencia directa de la falta de autarquía.

El proyecto propone que el Poder Judicial elabore su propio presupuesto, con control legislativo pero mayor capacidad de decisión, además de incorporar mecanismos de negociación colectiva para ordenar la política salarial.

El movimiento de la Corte no puede leerse únicamente en clave institucional. En un contexto donde el oficialismo provincial enfrenta dificultades para articular mayorías en el Senado, el reclamo judicial introduce un nuevo factor de presión sobre la gestión de Kicillof.

La imposibilidad de avanzar con los nombramientos expone los límites de la gobernabilidad en un sistema que exige consensos amplios. Pero, al mismo tiempo, la ofensiva del máximo tribunal reabre el debate sobre el equilibrio de poderes y la autonomía real de la Justicia.

Con este doble planteo —vacantes y autarquía—, la Corte bonaerense no solo puso en evidencia su propia crisis interna, sino que obligó al Ejecutivo y a la Legislatura a tomar posición en un terreno donde las definiciones ya no pueden seguir postergándose.