La Justicia avanza con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner dio un nuevo paso para ejecutar el decomiso de bienes ordenado por la causa Vialidad, tras la confirmación de la sentencia en la Cámara Federal de Casación. El juez Rodrigo Giménez Uriburu remitió un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el proceso.

El escrito consultó expresamente si alguno de los 111 inmuebles identificados interesa a la propia Corte o al Consejo de la Magistratura para uso institucional. La comunicación fue dirigida a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura a cargo de Sergio Romero, que deberá responder sobre la afectación de esos bienes.

El juez recordó que la Sala IV de Casación rechazó los recursos presentados por Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, que intentaban frenar la ejecución. También apuntó que el 18 de noviembre se pidió intervención para que la Corte decidiera sobre el destino del decomiso de bienes y su posible utilización.

La Acordada 22/2025 dispone que la Corte administra los bienes decomisados y prevé que, antes del remate, se analice si alguno puede ser destinado al funcionamiento de tribunales u oficinas judiciales. Ese es el trámite que ahora quedó en manos del máximo tribunal para definir el destino concreto de los inmuebles.

Aún así, la expresidenta puede interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema. Una doctrina clásica señala que las sentencias son ejecutables cuando se rechaza el recurso extraordinario. El nuevo Código Procesal Penal fija que la sentencia queda firme con el rechazo de la última instancia, aunque el decomiso no siempre es sentencia definitiva.

La Cámara Federal de Casación avaló la ejecución y subrayó la necesidad de recuperar activos. El camarista Gustavo Hornos afirmó: “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. La resolución tuvo el voto de Hornos y Barroetaveña, con disidencia de Borinsky.

De los 111 inmuebles afectados, 84 pertenecen al empresario Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner —entre ellos el complejo Hotel Los Sauces— y sólo uno figura a nombre de la expresidenta, un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados adquirido en 2007. El monto exigido supera los 685.000 millones de pesos.

Las defensas objetaron la falta de “trazabilidad lineal” y reclamaron excluir bienes heredados; los jueces consideraron suficiente una “vinculación económica razonable” para la medida. Recordaron que “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito”. Borinsky votó en disidencia.