Los familiares de las víctimas del triple crimen expresaron su enojo por la difusión del video de las torturas

La filtración de un video que muestra el brutal ataque contra Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, desató un fuerte enojo por parte de los familiares, quienes apuntaron contra dos jueces federales que investigan las causas tanto del asesinato como la trama detrás del narcotráfico a la que estaría vinculado.

A través de las redes, anunciaron que iniciarán “acciones legales, administrativas y disciplinarias” contra Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, y Ernesto Rodríguez, magistrado de Morón, a quienes responsabilizaron por la difusión del material que debía permanecer bajo reserva.

El reclamo apunta a Arroyo Salgado, cuya resolución en una causa federal por narcotráfico incorporó una descripción de las imágenes recuperadas de uno de los teléfonos secuestrados a los acusados, pero no así el video.

Desde el entorno judicial de la magistrada señalaron que el registro “fue puesto a disposición de quienes intervienen en las dos investigaciones”, que no se difundió y que su inclusión en el expediente respondió a una obligación funcional. También aseguran que no conocen el origen de las filtraciones.

En un comunicado, los familiares de Lara expresaron su indignación y remarcaron que ya habían solicitado al Juzgado Federal N°2 de Morón, donde se tramita la causa principal por los asesinatos, que adoptara todas las medidas necesarias para evitar la difusión de material sensible. En ese sentido, recordaron el antecedente de las fotografías de las autopsias, que también habían sido filtradas.

“Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad”, señalaron en el documento, y advirtieron que la exposición pública de estas pruebas ”compromete la seriedad de la investigación y provoca un nuevo daño a los familiares de las víctimas".

La familia, representada por la abogada Verónica Veliz, anticipó que avanzará con denuncias contra ambos magistrados por su presunta responsabilidad en la filtración o por la falta de controles para impedirla. Además, reclamó que las autoridades judiciales superiores intervengan de manera urgente para garantizar que el episodio no contamine, demore ni desvíe el curso de la causa.

En el comunicado también se identificó a un hombre mencionado en el video como “Roger”. Los familiares plantearon que ese alias podría coincidir con el segundo nombre de Alex Roger Idone, quien permanece prófugo, y advirtieron sobre el riesgo de que se instalen hipótesis que todavía no fueron corroboradas en el expediente de Morón.

El registro audiovisual fue recuperado del celular de Daniel Tello Chacón, uno de los imputados en una investigación federal por narcotráfico que lleva adelante Arroyo Salgado en San Isidro. El archivo había sido eliminado de la carpeta de la aplicación de mensajería Zangi y, según la resolución judicial, fue recibido el 24 de septiembre pasado.

En el procesamiento, la magistrada vinculó el contenido de la filmación con el triple crimen de Florencio Varela. De acuerdo con su análisis, en el video se observa a una chica atacada por cuatro hombres, mientras una voz que la víctima identifica como “Roger” la interroga, la amenaza e imparte órdenes durante la agresión.

“Subestimaron a los peruanos. ¿Qué pensaste? ¿Los peruanos son giles?”, se escucha decir a uno de los atacantes. Y las amenazas siguen: “Vas a hablar o no? Vuelale el dedo, por chorra”.

La resolución sostiene que existen elementos que permitirían identificar a la persona filmada como Lara Gutiérrez. Entre ellos, menciona coincidencias físicas, la ropa que llevaba puesta y características del ambiente en el que se desarrolla el ataque, que serían compatibles con el lugar donde ocurrió el crimen.

Uno de los detalles que llamó la atención en la descripción del video fue el pañuelo verde que Lara tenía colocado alrededor del cuello, con el que habrían intentado utilizarlo para amordazarla mientras la amenazaban de muerte. La adolescente permanecía sentada sobre una cama y la filmación la enfocaba únicamente a ella, mientras suplicaba piedad.

La filmación también fue incorporada como un elemento clave para la investigación sobre la estructura narco. En la resolución, la jueza sostuvo que la organización tendría una “disposición concreta al ejercicio de la violencia extrema como instrumento de disciplinamiento, interno y externo”.

En ese sentido, la magistrada consideró que el ataque no habría sido un hecho aislado y afirmó que “la violencia, en este contexto, no aparecería como un exceso aislado, sino como un recurso disponible, se ordena, se ejecuta, se filma y se hace circular entre los integrantes de la propia organización”.

Uno de los puntos del procesamiento de Arroyo Salgado es la identificación de “Roger”. Hasta ahora, la investigación del triple crimen había puesto el foco principalmente en Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

Sin embargo, en la causa federal por narcotráfico, la jueza identificó a Pablo Daniel Macalopu Cafferata como el usuario de ese alias y le atribuyó el rol de organizador de una presunta estructura dedicada al tráfico de cocaína.

Según la resolución, la organización habría funcionado al menos desde enero de 2024, con una estructura que incluía el traslado de cargamentos en camiones, el almacenamiento de la droga en distintos inmuebles y su posterior distribución.

En los allanamientos realizados durante octubre, los investigadores secuestraron alrededor de 207 kilos de cocaína en una vivienda de La Reja, partido de Moreno, y otros 15 kilos en un inmueble vinculado a los acusados. Además, se encontraron armas, dinero en dólares y elementos utilizados para el acondicionamiento de la droga.

La hipótesis de Arroyo Salgado es que Macalopu Cafferata habría impartido directivas a los demás integrantes de la organización y coordinado la recepción de los cargamentos.