Los movimientos sociales le llevarán al papa León XIV una dura carta

En medio de los cuestionamientos a la política económica del gobierno de Javier Milei, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia elaboraron una dura declaración que será entregada al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina.

El documento advierte sobre el avance de la “deshumanización y la crueldad”, denuncia la concentración de la riqueza y reclama una organización social que priorice los derechos de los trabajadores, los sectores populares y las personas excluidas.

La declaración fue presentada durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares, realizado en la denominada Ciudad Papa Francisco, en el partido bonaerense de La Matanza, con la participación de organizaciones de distintos países de América Latina, autoridades eclesiásticas y representantes del Vaticano.

El texto retoma las principales reivindicaciones impulsadas durante el pontificado de Francisco, especialmente Tierra, Techo y Trabajo, y cuestiona un sistema económico que, según sus firmantes, profundiza las desigualdades y deja a millones de personas fuera de las oportunidades de desarrollo.

“Hace once años el Papa Francisco nos decía que este sistema no se aguanta más. Hoy las desigualdades se han profundizado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en una marca de nuestro tiempo”, sostiene uno de los pasajes más contundentes del documento.

La iniciativa se desarrolló en la antesala de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y busca acercarle al pontífice las principales preocupaciones económicas y sociales de los movimientos populares.

Uno de los ejes centrales de la declaración es el rechazo a un modelo de organización económica que, según sus autores, coloca la acumulación de riqueza por encima de las necesidades humanas. “No aceptamos que el dios dinero se presente como la única manera posible de organizar nuestras sociedades”, expresaron las organizaciones en el texto que recibirá León XIV.

La carta también reivindica la justicia social, la solidaridad, el bien común y el destino universal de los bienes, conceptos que forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Los firmantes sostienen que las transformaciones económicas y tecnológicas deben orientarse al bienestar colectivo y no profundizar las diferencias entre los sectores más ricos y los trabajadores.

En ese sentido, advierten sobre el impacto de la precarización laboral, la concentración de los recursos y los discursos que estigmatizan a las personas en situación de pobreza.

El planteo también incluye cuestionamientos a las respuestas estatales centradas exclusivamente en la criminalización de los sectores populares, particularmente de los jóvenes que viven en barrios atravesados por la violencia y el narcotráfico. El documento reclama investigar las estructuras económicas y políticas que sostienen esas actividades delictivas, al mismo tiempo que se fortalecen las oportunidades de educación, empleo e integración social.

La declaración reafirma las tres reivindicaciones históricas de los movimientos populares: acceso a la tierra, vivienda digna y trabajo con derechos. En materia laboral, las organizaciones reclaman ingresos suficientes, seguridad social y protección para quienes desarrollan tareas en la economía popular, las cooperativas y las plataformas digitales.

También advierten que la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, puede profundizar la desigualdad si los beneficios de la productividad quedan concentrados en un reducido grupo de empresas.

Sobre la vivienda, sostienen que el derecho a un techo no se limita a la posibilidad de contar con una casa, sino que también requiere servicios públicos, infraestructura, salud, educación y oportunidades de desarrollo.

La declaración incorpora además una defensa de la producción campesina, la soberanía alimentaria y el acceso a alimentos saludables. Otro de los reclamos apunta al reconocimiento de las tareas comunitarias que se desarrollan en los barrios populares, especialmente las vinculadas con comedores, espacios de cuidado y asistencia a familias vulnerables.

El encuentro contó con la participación de dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la

 Economía Popular (UTEP) y representantes de la Iglesia argentina. Entre los participantes estuvieron Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina; y Eduardo García, obispo de San Justo.

También participaron el sacerdote Flavio Lauría, integrante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, y el padre Mattia Ferrari, vinculado con los encuentros internacionales de movimientos populares.

La prefecta del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Alessandra Smerilli, envió un mensaje en el que destacó la continuidad del trabajo iniciado durante el pontificado de Francisco. La representante de la Santa Sede recordó el vínculo histórico entre Jorge Bergoglio y los trabajadores cartoneros de Buenos Aires, una relación que contribuyó al surgimiento de los encuentros mundiales de movimientos populares.

Por su parte, Gustavo Carrara destacó la necesidad de que la Iglesia y las organizaciones continúen trabajando de manera conjunta en la defensa de los sectores vulnerables. “El camino de cuidar fragilidad, de defender la dignidad de los pueblos”, expresó el arzobispo al reivindicar esa articulación.

Durante su visita a Buenos Aires, Smerilli también recorrió la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, en el barrio porteño de Saavedra, donde conoció experiencias de organización laboral y reciclado.

La presentación del documento coincide con un escenario de dificultades económicas para distintos sectores de la población argentina. Un relevamiento reciente del Banco Provincia mostró que el 36% de los trabajadores privados incluidos en una muestra de más de 320.000 cuentas sueldo agota el saldo salarial antes del décimo día del mes.

El mismo informe registró una caída del 4,3% del salario real entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo medido a través de tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en términos reales.

En paralelo, una encuesta de APYME y la Universidad Nacional de José C. Paz, realizada sobre 209 empresas, reveló que el 75,6% de las participantes rechaza el rumbo económico y que el 43,5% considera que su actividad enfrenta riesgos de continuidad.

El Gobierno nacional defiende su política de equilibrio fiscal, desregulación y apertura económica como herramientas para estabilizar la economía y favorecer las inversiones. Sin embargo, las organizaciones que participaron del encuentro en La Matanza plantean que el crecimiento económico y los avances tecnológicos no resultan suficientes si no se traducen en mejores condiciones de vida, ingresos y protección social.