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ECONOMÍA

Pablo López denunció que Milei le recortó a la Provincia $80.000 millones en coparticipación

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, remarcó que "mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias".

6 de Abril de 2026

Luego de que un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) diera cuenta de una caída real en marzo de la coparticipación federal, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, detalló que la Provincia sufrió una pérdida de $80.000 millones respecto a 2025 y puntualizó que “no hay perspectivas de recuperación”.

 

Según precisó el funcionario de Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires perdió unos $80.000 millones respecto a 2025 y más de $200.000 millones respecto del promedio histórico. “La caída respecto del promedio 2019-2023 roza el 15% para los recursos coparticipables de las 24 jurisdicciones”, afirmó.

 

“Mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias argentinas En marzo, la caída real de la coparticipación federal fue del 8%. Las provincias recibieron unos $4,5 billones en recursos coparticipables, similar al registro de marzo de 2020, al inicio de la pandemia”, cuestionó López.

 

En ese sentido, el Ministro indicó que la baja de marzo se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.9 billones. “La persistencia del proceso inflacionario terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos”, indicó.

 

De acuerdo con el último informe del IARAF, los envíos totales de Nación a las provincias en términos de transferencias automáticas alcanzaron en marzo los $5.05 billones, lo que representa una caída del 4,3% en términos reales (al considerar inflación) con relación a febrero.

 

En lo que respecta al análisis desglosado, hay una importante disparidad en el impacto de la caída de recursos. Salta fue la única jurisdicción del país que logró una variación positiva en sus ingresos reales, mientras que CABA, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba fueron las más afectadas.

 

“No hay señal más clara del estado de la actividad: los números de marzo confirman con crudeza lo delicado de la situación. Las provincias estamos haciendo los mayores esfuerzos, pero sin un cambio en las políticas nacionales no hay perspectivas de recuperación”, concluyó López.

 

Es preciso mencionar que, el Ejecutivo bonaerense mantiene varios frentes judiciales abiertos por el reclamo de los fondos adeudados de Nación, que estiman en $22 billones. Hasta el momento, la única causa que registró avances por parte de la Corte Suprema de la Nación tiene que ver con el giro de recursos del ANSES para solventar el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS).

 

La Corte Suprema abrió la instancia de reclamo contra Nación por la deuda con el IPS

 

A mediados de marzo, la Corte Suprema llevó a cabo a una audiencia para destrabar la deuda previsional que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS), la cual ascendería hasta los $2,2 billones, según indicaron desde el gobierno de Axel Kicillof

 

En la audiencia, el máximo tribunal dio la primera señal hacia el Ejecutivo provincial para iniciar la instancia de diálogo institucional y poder avanzar con el reclamo de fondos adeudados. En esa línea, habrá una nueva convocatoria entre las partes para el próximo 21 de abril.

 

“Nación hizo un recorte feroz sobre partidas imprescindibles. Pido un aplauso para la Corte Suprema porque se acordó de la provincia de Buenos Aires para discutir la deuda la extracción del Gobierno nacional a recursos que nos corresponden. Son recursos del pueblo de la Provincia”, destacó el gobernador bonaerense.

 

En detalle, el reclamo de la provincia de Buenos Aires, presentado en abril de 2024, exige el pago de aproximadamente 1,6 billones de pesos sin actualización, correspondientes a transferencias que la ANSES debía realizar para compensar el déficit de la caja previsional bonaerense.

 

Desde la administración bonaerense interpretaron la convocatoria judicial para el 21 de abril como un avance concreto frente a lo que describen como un escenario de bloqueo político, ya que, según sostienen, no existían instancias de diálogo institucional con el Gobierno nacional.

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