Renunció el administrador de la obra social de los militares ante la crisis financiera

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de una crisis financiera que incluye una deuda superior a los $200.000 millones con prestadores y conflictos por la continuidad de los servicios.

La salida se produjo después de una reunión que Guzmán mantuvo con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según trascendió, existían diferencias por el ritmo con el que avanzaba la liquidación del antiguo organismo y por la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La crisis se desarrolla mientras conviven, de manera transitoria, las dos estructuras. En febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno creó la OSFA como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y dispuso la disolución y liquidación del IOSFA. La nueva entidad quedó encargada de brindar cobertura médico-asistencial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus beneficiarios.

Mientras la OSFA avanza con su puesta en funcionamiento y recibe los aportes correspondientes a los afiliados, el organismo anterior continúa atravesando el proceso de liquidación y arrastra obligaciones pendientes con prestadores. Se estima que ese pasivo ronda los $213.000 millones.

La transición todavía no está terminada. El Gobierno aprobó en agosto la estructura organizativa de la OSFA y, el 14 de septiembre, publicó el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control que regula su funcionamiento. La normativa establece entre sus objetivos garantizar la continuidad de las prestaciones y la sustentabilidad financiera de la nueva obra social.

En paralelo, trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este jueves una protesta en la sede central de la obra social, ubicada en Paso 551, en el barrio porteño de Balvanera. Durante la manifestación, integrantes del gremio ingresaron al edificio.

El sindicato que conduce Rodolfo Aguiar denunció que hay alrededor de 600 puestos de trabajo en riesgo como consecuencia de la reorganización del organismo. Además, cuestionó posibles cierres y modificaciones en distintas dependencias vinculadas con la obra social.

ATE sostiene que el proceso podría afectar a 13 hoteles y dos complejos recreativos, principalmente ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, y también advirtió sobre el futuro de las farmacias propias. Según el gremio, los cambios podrían derivar tanto en despidos de trabajadores contratados como en el pase a disponibilidad de empleados de planta.

“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, afirmó Aguiar al anunciar la protesta. El dirigente también advirtió que, si no reciben respuestas, podrían profundizar las medidas de fuerza.

El sindicato también denuncia interrupciones en las prestaciones médicas y atribuye los problemas a la situación financiera heredada por la nueva estructura. ATE sostiene que existen dificultades para garantizar servicios básicos a los afiliados y reclama que la reorganización no implique el cierre de dependencias ni la pérdida de empleos.

El conflicto también alcanzó al interior del país. Trabajadores civiles de distintas dependencias militares vienen reclamando por los descuentos salariales correspondientes a la obra social en un contexto en el que, según las denuncias gremiales, existen problemas para acceder a determinadas prestaciones.