Revés judicial para José Luis Espert por US$80.000

La Justicia federal de San Isidro resolvió prorrogar por 90 días la inhibición general de bienes del diputado nacional José Luis Espert, en el marco de una investigación que analiza presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a fondos cuyo origen aún se encuentra bajo análisis judicial.

La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y también alcanza a integrantes del entorno familiar del legislador y a varias sociedades comerciales vinculadas.

El expediente se abrió luego de que se detectara el pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido de una empresa vinculada al narcotraficante Federico “Fred” Machado, aunque los investigadores sospechan que el monto podría haber sido mayor.

El Juzgado Federal de San Isidro resolvió extender la orden de no innovar sobre el patrimonio de Espert por un plazo de tres meses para preservar la investigación en curso.

La medida también alcanza a su esposa María Mercedes González, al hijo de ella Manuel Iglesias, y a un conjunto de sociedades comerciales vinculadas al legislador.

Entre las empresas incluidas en la resolución judicial figuran:

    Varianza Sociedad Anónima

    El Encuentro

    Castelo Sociedad Anónima

    Quilaco Sociedad Anónima

    Un condominio familiar

El objetivo de la prórroga es evitar movimientos patrimoniales que puedan afectar el avance de la causa mientras continúan las medidas de prueba.

El movimiento de US$80.000 que encendió las alarmas

Uno de los elementos que impulsó la decisión judicial fue la detección de una extracción bancaria cercana a los 80.000 dólares realizada por Espert al inicio de la investigación.

Según la información incorporada al expediente, el retiro se produjo antes de que se dictara la inhibición de bienes, y hasta el momento no se pudo determinar el destino final de esos fondos.

Para los investigadores, este movimiento financiero contradice los argumentos presentados por la defensa del legislador, que había sostenido que la restricción patrimonial le impedía afrontar gastos básicos de subsistencia.

Desde la fiscalía consideraron que la posibilidad de movilizar una suma de ese volumen pone en duda la situación económica planteada por el propio imputado.

La pesquisa también puso el foco en un fideicomiso denominado Costa Dunas, vinculado a un desarrollo inmobiliario cercano a Costa Esmeralda, donde los investigadores sospechan que podrían haberse derivado fondos.

En ese marco, la Justicia dispuso el embargo de 55.000 dólares que debían ser restituidos tras la exclusión de un integrante del fideicomiso, además de 50 millones de pesos vinculados a operaciones financieras detectadas durante la investigación.

Los movimientos asociados a este fondo forman parte de la hipótesis que analiza posibles maniobras de lavado de dinero.

Como parte de la resolución, el juez Mirabelli también dispuso que los haberes que Espert percibe como diputado nacional sean transferidos a una cuenta judicial.

Además, ordenó el cierre de la cuenta sueldo que el legislador tenía habilitada para evitar nuevos movimientos que pudieran interferir con la investigación.

La causa continúa en etapa de instrucción y la fiscalía busca determinar el origen y el destino de los fondos bajo sospecha, así como eventuales vínculos con actividades ilícitas.