Rige la ley que regula el uso de celulares en escuelas

Este martes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la ley aprobada por la Legislatura bonaerense que regula el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, y la denominada Ley Ema, que busca prevenir y abordar la violencia digital en los ámbitos educativos. La primera iniciativa establece que los estudiantes sólo podrán utilizar dispositivos digitales durante la jornada educativa cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente y con fines pedagógicos, mientras que el paquete de leyes oficializadas también incluye la denominada

La nueva regulación del uso de celulares en las escuelas se incorporó a la Ley Provincial de Educación y tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de los teléfonos, informar y concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición sin límites a las pantallas, y regular su utilización durante la permanencia en establecimientos de gestión pública y privada.

En detalle, el articulado introduce la noción de “uso responsable de los celulares en las escuelas”, que implica que los estudiantes sólo podrán utilizar los dispositivos con fines pedagógicos y mediante requerimiento y autorización explícita del docente a cargo. En ese sentido, la norma establece que los alumnos de nivel primario y secundario “deberán hacer uso responsable de pantallas sólo a efectos de dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos”.

La ley que busca limitar el uso de celulares en establecimientos también define que el uso responsable supone “la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente”. Para implementar la regulación, contempla la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones destinadas a la comunidad educativa, además de un seguimiento y análisis de las medidas para relevar posibles mejoras o ajustes.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, y recibió sanción definitiva en la Cámara de Diputados bonaerense durante la sexta sesión ordinaria del año. Durante el tratamiento parlamentario, el texto se sumó al proyecto de ley del camporista Emmanuel González Santalla aprobado el año pasado por la Legislatura, que establecía esta regulación solo en el ámbito de las escuelas primarias.

En efecto, la propuesta de Rozas incorporó la regulación del nivel secundario dentro de la Ley provincial N° 15.534, que ya alcanzaba a las escuelas primarias a partir de la iniciativa presentada por el senador González Santalla, aprobada en septiembre de 2025. Así, quedó establecida una regla común para ambos niveles sobre el uso de celulares durante la jornada educativa.

Durante el debate legislativo, Rozas sostuvo que la iniciativa busca proteger a los adolescentes dentro de las instituciones educativas y advirtió sobre los efectos de la sobreexposición a las pantallas. “Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria para el futuro y que es indispensable que los alumnos sepan manejarla, pero también que la sobreexposición a las pantallas es un perjuicio para los adolescentes”, manifestó el legislador.

Sin embargo, la aplicación de la regulación para el uso de celulares en escuelas generó diferencias dentro del Gobierno bonaerense. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, había relativizado el alcance de la restricción al afirmar que “la ley no lo prohíbe, la ley indica que tiene que ser regulado”, mientras que González Santalla cuestionó esa interpretación y sostuvo que los celulares quedan prohibidos durante la jornada educativa, salvo que el docente los requiera para una actividad pedagógica.

Junto con la regulación de los celulares en las escuelas, el Gobierno bonaerense también promulgó la Ley Ema, que crea el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital” en los establecimientos educativos. En concreto, la iniciativa busca garantizar una convivencia digital segura mediante políticas y herramientas destinadas a prevenir, detectar y abordar distintas formas de violencia que pueden producirse en los entornos virtuales.

La norma fue impulsada a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años oriunda de Longchamps que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el ciberacoso y la violencia de género digital luego de quitarse la vida 24 horas después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. El proyecto surgió de la inquietud de su mamá, Laura Sánchez.

Dentro de la Ley Ema, se unificaron las propuestas presentadas por las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark (senadora) y Mayra Mendoza (diputada). El texto final incorporó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital en la Ley Provincial de Educación, la capacitación del personal educativo y la actualización de protocolos.

En cuanto a su alcance, la norma define como violencia digital a las conductas que, mediante el uso de tecnologías, puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes. Entre las situaciones contempladas aparecen la obtención, reproducción o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso aquel producido o editado mediante Inteligencia Artificial (IA), además del acoso, las amenazas, la extorsión y el control o espionaje de la actividad virtual.

También se incluyen los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas, la difusión de datos personales sin autorización, los discursos de odio misóginos y otras formas de violencia que puedan afectar la libertad, la integridad sexual y los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

Otro de los ejes centrales es la incorporación de contenidos vinculados con la ciudadanía digital a la Ley Provincial de Educación. Estos deberán abordarse de manera transversal y progresiva e incluir cuestiones como el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales, el uso responsable y crítico de las tecnologías y la prevención de las violencias en entornos virtuales.

Por último, la Ley Ema establece la capacitación obligatoria y continua del personal del sistema educativo, incluidos docentes, nodocentes, equipos de orientación escolar y directivos, para brindar herramientas que permitan detectar tempranamente situaciones de violencia digital y actuar frente a ellas. Además, propone que los estudiantes y sus familias participen activamente en la construcción de una convivencia libre de violencias digitales, con un rol específico para los centros de estudiantes y los referentes juveniles.