Senadores del oficialismo y la oposición buscan prohibir los celulares en las cárceles

Tal como lo hicieron el massismo y La Libertad Avanza la semana pasada, este martes el bloque de senadores bonaerenses de Hechos – UCR Identidad presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario bonaerense.

Según comunicaron desde la bancada opositora, la iniciativa busca derogar el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.

“Se busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, luego de que una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19 —que habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas— se haya extendido en el tiempo sin respaldo legal ni evaluación de su impacto”, alegaron desde Hechos.

En este sentido, el proyecto de ley establece que las personas privadas de su libertad mantendrán garantizado el derecho a la comunicación, pero solo lo podrán gozar a través de medios oficiales, como líneas institucionales o sistemas supervisados, controlados y registrados por las autoridades penitenciarias.

En rigor, el texto parlamentario propone eliminar toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de celulares en cárceles; implementar sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales móviles en las unidades penitenciarias; y considera falta grave la violación de esta prohibición, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales.

Según reportaron los senadores de Hechos, la propuesta que presentaron en ambas Cámaras de la Legislatura reconoce que en las cárceles actualmente se cometen estafas telefónicas, extorsiones y amenazas. “El Estado bonaerense no puede permitir que quienes están privados de su libertad continúen delinquiendo con herramientas tecnológicas no controladas”, sentenciaron.

Senado bonaerense: el massismo y los libertarios también quieren bloquear los celulares en cárceles

La semana pasada, tanto el Frente Renovador y La Libertad Avanza presentaron una ley para bloquear los celulares en las cárceles, siendo esta una de las únicas propuestas que pareciera encontrar consenso entre el oficialismo y la oposición, por lo menos en el Senado bonaerense.

En efecto, la senadora massista Malena Galmarini ingresó un proyecto en que planteó los mismos lineamientos que Hechos: prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires como así también para instalar inhibidores de señal, con el objetivo de evitar estafas y extorsiones organizadas desde una prisión.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, consideró Galmarini en los fundamentos de su iniciativa.

La propuesta de la senadora del peronismo establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.

Asimismo, Galmarini también solicitó la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.

En la otra Cámara, el diputado libertario Oscar Liberman elevó la “ley Rodrigo”, llamado así en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria.

Tal como Hechos, Liberman propuso dejar sin efecto el decreto originado en la pandemia que permitía a comunicación telefónica de las personas privadas de su libertad, a la par que establece que solo podrán realizar llamadas con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.

En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno. El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.