POLÍTICA
Tras el pedido por las vacantes judiciales, la Corte bonaerense suscribió un convenio con Kicillof
El titular de la Corte bonaerense, Sergio Torres, y funcionarios de Kicillof firmaron un convenio de cooperación para implementar un programa de salud integral para adolescentes con privación de la libertad.
13 de Mayo de 2026
El presidente de la Suprema Corte bonaerense de Justicia, Sergio Torres, y los ministros provinciales de Salud y de Desarrollo de la Comunidad, Nicolás Kreplak y Andrés Larroque, firmaron un convenio de cooperación para elaborar e implementar un programa de salud integral para adolescentes y jóvenes con privación o restricción de la libertad.
En ese sentido, el acuerdo rubricado este martes contempla la creación de una Mesa de Trabajo permanente con representantes de los dos ministerios y de la Corte bonaerense, como ámbito permanente de articulación para implementar acciones en establecimientos pertenecientes al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
“Avanzamos en estrategias de atención interdisciplinaria, seguimiento sanitario continuo y acceso efectivo a los cuidados que necesitan, para garantizar plenamente el derecho a la salud”, remarcó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
En detalle, el convenio se suscribe en el marco de la resolución caratulada “Niños, Niñas y adolescentes, departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires s/incidente de ejecución”, en la cual se abordan cuestiones estructurales vinculadas a las condiciones de habitabilidad y al acceso a derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
“El estado reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y su deber de asegurar la plena vigencia de sus derechos fundamentales, en atención especial a su situación de vulnerabilidad y al deber reforzado de protección que le corresponde”, establece el documento firmado por Torres, Kreplak y Larroque.
En detalle, la Mesa de Trabajo Intersectorial estará integrada por representantes del Tribunal de Casación Penal, la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez, la Subsecretaría de Políticas de Cuidados en Salud, la autoridad de Implementación y Seguimiento de del Programa de Cumplimiento de Asistencia (APCS) y la Comisión provincial por la Memoria (CPM).
La mesa deberá monitorear la implementación del programa, evaluando su desarrollo y proponiendo ajustes que resulten necesarios. Además se estableció como prioridad fortalecer la coordinación entre los organismos intervinientes a fin de “asegurar el acceso efectivo, oportuno y continuo a la atención integral de la salud de los menores, conforme a los estándares del sistema de salud provincial”.
Asimismo, los representantes de los ministerios provinciales y el titular de la Corte boanerense acordaron implementar y monitorear el Programa de salud para adolescentes y jóvenes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria, a diseñar en el marco del Plan Quinquenal del Ministerio de Salud.
La semana pasada, el juez Torres y su par de la Suprema Corte bonaerense, Daniel Soria, se reunieron con las autoridades de la Legislatura provincial para hacerles entrega del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial.
En ese sentido, participaron del encuentro la vicegobernadora y titular de la Cámara de Senadores bonaerense, Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Ambos líderes de los respectivos recintos dialogaron con los magistrados sobre temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones, entre los que se incluyó las cuatro vacantes en el tribunal.
De esta manera, Magario y Dichiara recibieron en mano el proyecto impulsado por la Corte bonaerense para lograr la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, una iniciativa que los magistrados anunciaron a fines de abril a través de una conferencia de prensa.
Como principal novedad, el proyecto establece que la Corte bonaerense tendrá la potestad de elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual comprenderá el cálculo de erogaciones y recursos correspondientes a las áreas de Administración de Justicia y del Ministerio Público. Asimismo, dispone la creación de cuentas fiscales específicas en el Banco Provincia para ambas jurisdicciones.
