La entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, resaltó que “un acto de trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación quienes, con innegable estatura cívica, escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad de otro poder del Estado”.

“Hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que estas actitudes ocasionan a nuestras instituciones, vitales para el adecuado funcionamiento de nuestra vida democrática”, agregó el texto firmado por Tagle y Marcelo Peluzzi, el secretario general.

“No pretendo descalificar a la totalidad del Poder Judicial por la conducta de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”, indicó el mandatario este miércoles en su discurso en el Congreso. Y continuó: “Pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en la sede del máximo tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.

“La Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, fue otra de las frases de Fernández en su embestida contra los miembros del máximo tribunal, y criticó el fallo que le ordenó al Gobierno devolverle a la Ciudad de Buenos Aires parte de los fondos recortados de coparticipación. “Le da recursos a la ciudad más opulenta”, remarcó el jefe de Estado. En medio de sus palabras, parte de los diputados de la oposición se retiraban del recinto.

Fernández dijo ser “orgullosamente porteño”, pero que no puede “ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido”.

“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, afirmó el Presidente. Y siguió: “Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal, causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”.

El oficialismo inició un proceso de juicio político contra la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. En ese procedimiento, el kirchnerismo avanza con la recolección de pruebas y testimonios en perjuicio de Rosatti (presidente de la Corte); Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para luego emitir un dictamen con el que se acusarán a los magistrados por supuesto mal desempeño y/o eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.