Los trabajadores que antes dependían de Desarrollo Social aseguraron que el programa fue suspendido arbitrariamente. En el Gobierno lo desmintieron, detallaron qué pasó y por qué decidieron intervenirlo.

Un cartel pegado en la puerta de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), cuya función es brindar subsidios para la compra de medicamentos oncológicos a familias en situación de vulnerabilidad, generó muchas dudas y cuestionamientos. “La Dadse permanecerá cerrada momentáneamente por readecuación en los sistemas y procedimientos”, se podía leer en el panfleto.

En la junta interna de ATE y UPCN repudiaron el supuesto cierre y emitieron un comunicado. “Exigimos que se garanticen los puestos de trabajo, que se informe con claridad qué va a pasar con la medida y su duración, y que se dé una respuesta urgente en la entrega a personas que corren riesgo su vida”, expresaron.

Sin embargo, la resolución ministerial del 2 de febrero, que salió publicada en el Boletín Oficial y fue firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, habría sido malinterpretada, ya que anunciaban la “suspensión de la Disposición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) N°1 del año 2016″.

La disposición 1/2016 establece las condiciones de contratación de las empresas que proveen los medicamentos y el procedimiento de obtención de presupuesto, tal y como lo tienen todos los organismos del Estado. Las compras se hacen por medio de licitaciones o contrataciones, pero siempre bajo requisitos preestablecidos.

Lo que hizo el Ministerio de Capital Humano es suspender dicha disposición y abrir nuevamente un concurso de proveedores. “El programa sigue funcionando. Desmentimos que el lugar esté cerrado. Si hoy alguien necesitara ir a buscar medicamentos, lo va a poder hacer porque la entrega está garantizada”, afirmaron voceros de la cartera. “Es solo un trámite administrativo”, agregaron.

Esto se dio después de que el Ministerio denunciara irregularidades en la DADSE. Mientras la investigación avance, informaron que el programa va a pasar a depender del Ministerio de Salud, con todo su presupuesto.

Corrupción e irregularidades en la entrega de medicamentos

La denuncia que hizo la ministra Pettovello contra exfuncionarios de la DADSE recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Julián Ercolini. Desde el organismo aseguran que quienes estaban a cargo de contratar a los proveedores de medicamentos cometieron los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En la denuncia a la que accedió TN, detallan que la Dirección “adoptó un sistema de selección de proveedores que viola la normativa vigente”. Esto se descubrió durante un relevamiento que se hizo a fines de diciembre. Allí comprobaron que en 2019 se había hecho una auditoría por parte del Ministerio de Salud, en donde se detectaron irregularidades en las contrataciones.

“La DADSE no implementó nunca un procedimiento seguro, claro, transparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos, y ello incumpliendo no solo las recomendaciones de los sistemas de control, sino también de la normativa vigente en materia de contrataciones de la APN”, afirmaron.

En cuanto a la práctica de la selección, detallaron que “se realizaba vía emails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente, ni se certifica su titularidad”.

 “Una vez recibidos dichos emails, los supuestos proveedores remitían presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno, y es en virtud de tales presupuesto que la administración correspondiente, siguiendo la Disposición dictada en el año 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al cual comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera hacer un cuadro comparativo como exige dicha norma por ejemplo”, agregaron.

Además, “se observaron incumplimientos en la presentación de la documentación exigida, debilidades o ausencia de tareas de monitoreo y/o seguimiento, y cierre de las actuaciones, entre otros”, señalaron, y detallaron que se verificó la existencia de pagos en efectivo, “una práctica contraria a lo establecido por la normativa vigente y a las prácticas razonables para un sistema de control interno eficiente”.

“Pese a estar advertidos al respecto por una auditoria oficial, no hicieron nada para modificar dicha anómala situación, y todo ello en perjuicio del Estado Nacional por los elevadísimos e inconmensurables montos involucrados”, cuestionaron.

Por último, aclararon: “Resulta imperdonable que, a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles, haya negocios cuyos montos se determinaran en la presente denuncia. Insistimos, a los ciudadanos que recurren al Programa se les mantendrá el subsidio”.