Los movimientos del oficialismo comenzaron con un posteo en X del ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló de una “guerra” que las empresas de medicina privada habrían iniciado con sus aumentos. El Gobierno “responderá” con presentaciones judiciales, tal como confirmó una fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Ministerio de Economía trabaja en una denuncia contra las prepagas que presentará en la Comisión de Defensa de la Competencia. Es por presunta cartelización.

Además, el Gobierno espera presentar este miércoles una cautelar pidiendo retrotraer precios. Es algo similar a lo que muchos afiliados, de forma particular, comenzaron a hacer desde principios de año.

“Hay cero puentes”, indicó una fuente del sistema privado de salud, que admitió que hubo diálogos frustrados entre el Gobierno y las prepagas. “Hubo conversaciones informales que contemplaban la posibilidad de no aumentar cuotas, a lo que se pedía que tampoco subieran insumos o medicamentos. Se estaba muy cerca de un acuerdo y el Gobierno pateó la mesa y dijo no vamos a hablar más”, resumió.

Fuentes oficiales explicaron que aún no está el texto definitivo de la denuncia por presunta cartelización, pero el Gobierno planea sostener dicha acusación a través de números que, según el Ejecutivo, demostrarían una “acción coordinada entre los principales actores del mercado al aumentar los valores de cuotas iguales entre sí durante cuatro meses”.

La semana pasada, el Gobierno les solicitó informes a las prepagas con información sobre prestaciones y costos. Los números que incluiría en esta acusación están elaborados a partir de los aumentos de cinco de ellas. En un cuadro analiza que registraron subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%.

Al desgranar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; en febrero, entre 27,5% y 29,4%; en marzo, entre 19% y 22,9%; y en abril, entre 14% y 18,9%.

Según las empresas, los aumentos son parecidos porque es el costo que tiene el PMO. Es el Plan Médico Obligatorio que confecciona el Gobierno. Incluye qué prestaciones deben garantizar los distintos agentes del sistema de salud. “Vendemos el mismo producto y todas (las prepagas) usamos más o menos los mismos insumos”, resumió una fuente privada.

Sin embargo, para el Gobierno, esto constituiría una “conducta abusiva coordinada”. Por eso, además de la denuncia por presunta cartelización que presentará ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Comercio, prepara una medida cautelar para pedir “retrotraer precios a enero o a febrero”.

Esta última indefinición del Gobierno es importante, dado que el valor de la cuota de la medicina prepaga podría alterarse si retrocedieran a enero o a febrero, en caso de que la Justicia acepte el recurso.

Consultados sobre la posibilidad de volver a los valores anteriores, desde el sector privado de la salud respondieron que “generaría un grave colapso en el sistema, porque no solo los precios de las cuotas retrocederían, sino también lo que perciben los prestadores”.