El juez, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.

Se trata de los imputados tras el análisis de las denuncias recibidas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad en diciembre pasado, para denunciar eventuales presiones a beneficiarios de planes sociales para acudir a la primera marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei, como condición para cobrar un plan social.

El Gobierno pidió este martes que se lo considere querellante en el caso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es denunciante, mediante el abogado Fernando Soto, hizo la presentación y ahora debe decidir el juez Casanello si reviste la calidad de víctima.

Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. De ellas, unas 45 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. Se citó a las víctimas en estos casos y solo cinco se avinieron a declarar, bajo reserva de su identidad. Para la Justicia, esto habla del nivel de temor de las víctimas o el poder de quienes las coaccionaban, más allá de la solidez de los llamados a la línea 134.

Ahora, la Justicia está trabajando sobre lo secuestrado en los procedimientos, principalmente los teléfonos celulares, para reconstruir los mensajes y ver si determinan responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras.

La Justicia busca analizar cómo se articulaba desde el Estado el Plan Potenciar Trabajo y qué objetivos y lineamientos administrativos seguía, para contrastarlo con lo que señalan las denuncias que ocurría en los barrios, donde los intermediarios se habrían quedado con parte el dinero de los beneficiarios, tenían poder para sacarle los planes o retener los beneficios que le correspondían, como los alimentos que entregaba el Estado. “Aparece un Plan Potenciar Trabajo híperporoso, que habilita que se sucedieran estas malas prácticas, por que los grises eran tantos que daban lugar a estos abusos”, dijo una fuente con acceso a la causa.

“Es grotesco lo que demostró la investigación y son firmes las sospechas sobre actividades delictivas”, dijo uno de los investigadores. Los delitos que se investigan son la administración fraudulenta del dinero del Estado, coacción, pero también se analiza el destino del dinero.

Los mensajes y declaraciones de las víctimas hablan de que los dirigentes piqueteros se quedaban con el 2% de los planes. La Justicia elabora sobre esa base una estimación del fraude cometido en perjuicio del Estado. Una de las organizaciones que admitió en su momento cobrar ese porcentaje, el Polo Obrero, argumentó que los fondos se destinaban a sostener el funcionamiento de los comedores de la organización y los gastos de actividades políticas –básicamente las protestas callejeras–.

Hay dos actividades bajo la lupa de la Justicia: una, la administración de los planes Potenciar Trabajo por parte de las agrupaciones y, dos, la gestión de los comedores populares. Entienden que la contraprestación por recibir el plan Potenciar Trabajo era participar en los comedores, colaborando con el trabajo allí. Y que, a su vez, los comedores recibían por cuerda separada mercaderías y alimentos del Estado –el nuevo gobierno cortó los envíos en diciembre–, que en algunos casos, eran vendidos en el barrio, según los chats que aportaron las víctimas.

En los procedimientos efectuados en las casas de los piqueteros se secuestró dinero en efectivo, recibos de pago, planillas de asistencia a manifestaciones y decenas de celulares. Fueron 32 los procedimientos ocurridos ayer en los domicilios de dirigentes y organizaciones sociales investigadas por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales.

Los resultados de esos operativos, que estuvieron en manos de la Policía Federal Argentina, fueron vertidos en un inventario que tienen los funcionarios judiciales que llevan adelante el caso, según supo LA NACION de fuentes con acceso a la causa. Fueron secuestrados, en total, 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo.

Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la vertiente no kirchnerista de Barrios de Pie. Son las organizaciones que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual.

En un depósito del Polo Obrero, ubicado en un inmueble en la calle Monteagudo 730, fueron identificados Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, militantes de la agrupación. Fueron secuestrados allí al menos 6 millones de pesos, 16.425 dólares y 180 euros en efectivo, además de cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, cuatro pendrives y un disco rígido, según fuentes con acceso a la causa judicial.

También fue allanado el domicilio de Jeremías Cantero, el dirigente del Polo Obrero implicado en esta causa, a quien le fueron secuestrados 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.

Otro de los allanamientos resultó en el secuestro de más de 50.000 dólares en efectivo. La dirigente del Polo Obrero, María Isolda Dotti, tenía en su casa ubicada en la calle Chiclana 54.448 dólares, 478.800 pesos, un teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad. Supuestamente habría una anotación que hace referencia a que ese dinero provendría de la venta de un departamento, producto de una sucesión, dijeron fuentes judiciales.

También fue allanado el domicilio de Elizabeth del Carmen Palma, dirigente del Polo Obrero que, según se sospecha en la causa, se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. En su casa, en Villa Lugano, fueron secuestrados tres teléfonos celulares, un pendrive, cuadernos, recibos, listados y facturas.

Las sospechas recaen sobre ellos porque, según la información de la denuncia formulada por el Gobierno en base a las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad a través de la línea 134, habrían extorsionado a beneficiarios de planes sociales con quitarles beneficios en caso de no asistir a marchas piqueteras. Los beneficiarios de los planes denunciaron, según la presentación del Gobierno, que se les exigían contraprestaciones para acceder a su dinero o a alimentos.

El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp incorporados a este expediente judicial fue el que reveló un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo que no acudían a las manifestaciones debían justificar sus ausencias y en algunas ocasiones, como castigo, no se les entregaba comida en los comedores.

La difusión de los procedimientos frustró algunos secuestros, como el de Elizabeth Palma. Pero Jeremías Cantero, que coordinaba varios comedores y Palma, según la acusación, intervendrían en las decisiones sobre el destino del dinero. Así, en una escucha telefónica del 27 de marzo pasado de 2024, Palma hablaba de la posibilidad de que la investiguen por lavado de dinero y por las “cooperativas que están recibiendo las cápitas”, y Cantero le contestó que debían pensar “un plan de adónde va eso”. La fiscalía sospecha que se canalizaron fondos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”.

Además, fueron allanados tres comedores administrados por el Polo Obrero: Comedor Rivadavia 1, Comedor La Carbonilla, Comedor Mariano Ferreyra, uno administrado por Barrios de Pie y uno por el FOL, que es el Comedor Kuña.

En el comedor Mariano Ferreyra, administrado por el Polo Obrero, fueron secuestrados remitos de mercadería y anotaciones de personas que asisten a manifestaciones. En el comedor Rivadavia también hallaron información sobre movilizaciones además de cuadernillos con rendición de asistencia y otro cuadernillo con detalles de sanciones.

El juez inhibió los bienes de los investigados e hizo alusión a la aplicación de los convenios internacionales que obligan a la Argentina a combatir la corrupción.