Según contaron las propias víctimas en diálogo con La Unión, todo empezó poco antes de la pandemia, cuando decidieron invertir los ahorros de toda su vida con la ilusión de tener una vivienda propia o simplemente como inversión. Así se contactaron con Dotorales, empresa conocida en Zona Sur, que se comprometió a construir edificios y entregar departamentos.

Con el paso del tiempo y ya con la pandemia de por medio, la construcción se demoraba cada vez más, los plazos no se cumplían y la entrega nunca llegaba. Desde Dotorales siempre había una excusa distinta. Casi siempre hablaban de falta de dinero. Cuando los compradores decidieron investigar, se enteraron que había varias personas en la misma situación. No tardaron en descubrir que los habían estafado: el problema no eran sólo los plazos de obras, sino que sus departamentos habían sido vendidos hasta cuatro veces a distintas personas.

Esta situación, que inicialmente afectó a compradores de un edificio ubicado en Paso 440, se repitió con construcciones de las calles Arenales 148, Garona 661 y Pasaje González 45, todas de Lomas. La empresa no terminó de construir ninguno de esos edificios.

Las víctimas denunciaron penalmente por estafa a Claudio Andrili y Guillermo Torrens, dueños de Dotorales. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Lomas de Zamora encabezó un allanamiento a las oficinas de la empresa, donde se secuestró documentación, computadoras, recibos y el celular de Andrili. Con el material incautado había pruebas de sobra para demostrar la sobreventa de departamentos: por ejemplo, el edificio de Paso tenía nueve departamentos, pero se habían firmado 26 boletos de compra-venta.

Luego la causa pasó a la UFI Nº 3 de Lomas. Tanto Andrili como Torres fueron citados a indagatoria, pero se negaron a declarar ante el fiscal Javier Martínez. No dieron ninguna explicación sobre esta estafa, ni a las víctimas ni a la Justicia. Si bien la fiscalía pidió la detención de ambos, el Juzgado de Garantías Nº4 no la concedió y fijó un monto de una caución, que luego fue apelado. Insólitamente, los denunciados ofrecieron como caución los departamentos de Paso 440. Todavía siguen en libertad.

Las víctimas consideran que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a los responsables y piden que la causa sea llevada a juicio lo antes posible, ya que sospechan que Andrili y Torres siguen estafando gente con esta misma modalidad, a través de otras empresas con otros nombres.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que faltan algunas pericias informáticas, más el análisis de alguna documentación contable, para poder cerrar la investigación y elevar la causa a juicio. La intención es poder hacerlo este mismo año. Según pudo saber este medio, el foco está puesto en el celular de Andrili, ya que allí podría encontrarse más evidencia e incluso conocer a otros implicados en la estafa.

Además, en los últimos días hubo movimiento de obreros en algunos de los edificios, hecho que pudo observar La Unión. La Justicia intenta determinar quién está detrás de esas obras que habían quedado paradas e inconclusas.

Se estima que hay más de un centenar de damnificados, pese a que ni la mitad de ellos se acercó todavía a denunciar a la Dotorales. Las víctimas remarcaron que no se trata de una cuestión meramente de dinero, ya que la situación significó un terrible daño físico y psicológico. Muchas personas se enfermaron y terminaron con tratamiento psicológico por haber perdido los ahorros de toda una vida. A esta altura, perdieron la esperanza de recuperar lo invertido, pero al menos quieren que se haga justicia.