Es que, Kicillof no incluyó el blanqueo de capitales al proyecto de Ley Impositiva, que se tratará durante diciembre en la Legislatura bonaerense, y tampoco tienen pensado desde Casa de Gobierno hacerlo en una iniciativa separada.

“Ir de blanqueo en blanqueo cada cuatro o cinco años no genera una buena cultura tributaria ni incentivos a cumplir”, destacaron desde la cartera de Economía bonaerense, que comanda Pablo López.

Lo que sucede es que, hace siete años, la provincia de Buenos Aires ofreció un blanqueo de capitales incluido dentro de su Ley Impositiva, cuando la administración de María Eugenia Vidal estaba al frente de la administración

En efecto, durante 2017, la administración de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri, consiguió con el blanqueo de capitales de aquel momento captar la cifra récord de USD 117.000 millones a nivel nacional.

Además, esta decisión política de Kicillof, permite a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cobrar los impuestos provinciales potencialmente no tributados por contribuyentes que participan de la regularización de activos a nivel nacional.

En concreto, ARBA podrá exigir el pago de los impuestos ligados a la actividad, sellos e ingresos brutos, así como los patrimoniales por bienes no declarados como inmuebles. Asimismo, el organismo podría obtener información de los contribuyentes por los convenios de colaboración que tiene con la ex AFIP.

Sin embargo, por el momento,  la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no giraron esos datos y el presidente Milei hasta coqueteó con la idea de borrarlos de las bases.

En detalle, ARBA podrá acceder de todas formas a los números CUIT de quienes abrieron cuentas CERA. Esto ocurre porque los bancos están obligados a aportar esa información. La dificultad estaría eventualmente en conocer los montos finales blanqueados por cada contribuyente.

Vale señalar que, otras provincias también comienzan a definir sus posturas respecto al blanqueo de capitales propuestos por la administración libertaria. En ese sentido, Santa Fe cobrará una tasa del 2% para cifras superiores a los USD 100.000, que utilizará para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes cumplidores.

En el caso de Neuquén, se cobrará una alícuota progresiva de entre 0,75% y 1,25%, mientras que Salta dispuso su propio esquema con una tasa del 10% de lo que se haya tributado a Nación. Por su parte, Mendoza adhirió al blanqueo de capitales sin establecer ningún tipo de tributo especial.

En lo que respecta a los montos, en esta primera etapa del blanqueo de capitales ingresaron al sistema unos USD 19.000 millones en unas 300.000 cuentas especiales de regularización de activos. La segunda parte estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025, inclusive y contempla una alícuota del 10% sobre el excedente de USD 100.000.

Cabe destacar que, el blanqueo de capitales es una medida que busca regularizar bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad, también llamado impuesto especial de regularización. Una vez regularizados, dichos bienes y activos tienen los efectos fiscales según corresponda, como cualquier otro bien.

La medida busca generar recaudación y también dinamizar la economía. En este sentido, Fernando López Chiesa, socio de Impuestos en Litvin y Asociados, explicó que “la idea con el blanqueo es dinamizar el dinero no declarado y que está inactivo para poder invertirlo, comprar un bono, comprar o alquilar un inmueble o tener dinero en blanco para aportar a una actividad comercial, un negocio o un capital de trabajo, entre otras”.