Estos datos forman parte del informe “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto“, presentado por el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), Agustín Salvia, que describió un escenario de crisis estructural y señaló que las cifras reflejan el agotamiento de un modelo económico basado en el consumo financiado con déficit y endeudamiento. “En estos últimos 20 años hubo crecimiento, estancamiento y una crisis sistémica”, afirmó el especialista de la UCA.

Además, Salvia explicó que las recientes medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, como la devaluación y la reducción del gasto público, tuvieron un fuerte impacto en la calidad de vida de la población. “Estamos en un proceso de transición”, sostuvo el analista, al destacar que las políticas implementadas evitaron un ajuste más severo, pero aún no logran revertir los índices críticos.

El análisis trimestral de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) muestra que el pico en la tasa de pobreza se registró en el primer trimestre del año, cuando alcanzó el 54,9% de la población, mientras que la indigencia llegó al 20,3%. En el segundo trimestre, estos indicadores mostraron una leve mejora, ubicándose en 51% y 15,8%, respectivamente. Para el tercer trimestre, las estimaciones del Observatorio de la UCA sitúan la pobreza en 46,8%, y proyectan que para octubre podría haber bajado al 44,6%, con una indigencia del 11,6%.

Sin embargo, a pesar de estas leves mejoras, la pobreza sigue siendo un problema estructural para los argentinos. Uno de los sectores más afectados es el de las infancias: el 65,5% de los niños y adolescentes de entre 0 y 17 años vive en situación de pobreza, y dos de cada 10 sufren pobreza extrema. Según Salvia, este índice no dejó de empeorar desde 2018, lo que refleja la profundidad del deterioro en el bienestar infantil.

El informe también aborda la insuficiencia de ingresos en los hogares. El 47% de las familias declara que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, cifra que asciende al 75,3% en los sectores más vulnerables. Aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración, los hogares enfrentan gastos fijos crecientes, como servicios públicos y alimentos, que erosionan su capacidad económica. “La mejora en la inflación no está yendo al consumo”, remarcó el titular de ODSA.

La inseguridad alimentaria es otro de los indicadores preocupantes. Uno de cada cuatro hogares no logra cubrir adecuadamente su dieta, y en uno de cada 10 se registran casos de inseguridad alimentaria severa. Este problema es especialmente grave en los sectores de menores ingresos, en los que también se observan dificultades crecientes para acceder a servicios básicos como atención médica y medicamentos.

De acuerdo con el informe promovido desde la UCA, el 36,3% de los hogares recibe algún tipo de asistencia económica del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Sin embargo, este apoyo resulta insuficiente para mitigar el impacto de la crisis. Además, el ajuste económico ha llevado a muchos hogares a recortar gastos en áreas esenciales. Entre 2023 y 2024, se incrementó la cantidad de hogares que tuvieron que reducir su atención médica u odontológica, especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos.

En el mercado laboral, la precarización sigue siendo la norma. El 60% de la población activa tiene un empleo informal o está desempleada. Dentro de este grupo, un 27,8% realiza trabajos precarios, un 23,6% se dedica a changas, y un 8,9% está desempleada. Al sumar el subempleo inestable al desempleo, el índice alcanza el 32%, evidenciando la falta de oportunidades laborales de calidad.

El informe de la UCA subraya que, si bien hay algunas señales de mejora en algunos indicadores, los niveles actuales de pobreza e indigencia siguen siendo alarmantes. Salvia destacó que la caída en la inflación y la estabilidad en el empleo han contribuido a una leve mejora, pero advirtió que estos avances son insuficientes para revertir el deterioro acumulado.