Una vez más, ARBA demuestra su improvisación al modificar sobre la marcha los plazos de pago. Los ciudadanos que intentan cumplir con sus obligaciones tributarias se encuentran con cambios de último momento, reflejo de una gestión desordenada y sin planificación.

Detrás de esta prórroga, se esconde un problema mayor. La falta de acuerdos con la oposición impidió que la Legislatura aprobara la Ley Fiscal 2025. Como consecuencia, los valores del impuesto inmobiliario quedaron congelados.

Sin embargo, esto no significa que los bonaerenses pagarán menos. ARBA ya aplicó aumentos discrecionales en 2024 y tiene la facultad de hacerlo nuevamente este año. La incertidumbre sobre cuánto costará realmente el impuesto sigue latente.

El titular del organismo recaudatorio, Cristian Girard, ha manejado el esquema tributario con total arbitrariedad. En lugar de brindar reglas claras, el organismo recaudador mantiene la posibilidad de ajustar los montos en cualquier momento.

Los descuentos anunciados funcionan más como un señuelo que como un verdadero beneficio. Quienes paguen ahora podrían terminar abonando más en el futuro si ARBA decide aplicar una actualización inflacionaria en las cuotas siguientes.

El sistema impositivo de la provincia se ha vuelto impredecible. Los contribuyentes no saben si lo que pagan hoy será suficiente o si tendrán que enfrentar aumentos inesperados en los próximos meses por parte de ARBA.

La administración de Kicillof parece más preocupada por sostener sus ingresos que por ofrecer estabilidad fiscal. En lugar de transparencia, la Provincia impone incertidumbre y presión tributaria disfrazada de beneficios.