El proyecto contempla la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Federal para redefinir su misión principal como la investigación de delitos federales y complejos, y la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. En este marco, se establece que la fuerza de seguridad podrá “desarrollar acciones de inteligencia criminal” conforme a la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520 y sus modificatorias.

Según el texto, “resulta necesario que la Policía Federal tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos”. En esa línea, el escrito que tiene respaldo absoluto de Bullrich argumenta que es perentorio “explicitar los objetivos estratégicos a fin de que sean acabadamente implementados por el Ministerio de Seguridad Nacional y la PFA”.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto de la ministra de Seguridad es el inciso 11 del artículo 6, que autoriza a la Policía Federal a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, ya que esas actividades deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad de las personas.

Otro aspecto que genera preocupación es el inciso 7 del mismo artículo, que permite la detención de personas sin orden judicial si existen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien ha cometido o podría cometer un hecho delictivo y no acredite fehacientemente su identidad. En estos casos, la persona podrá ser conducida a la dependencia policial correspondiente, con notificación al juez competente y por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad.

El proyecto, que cuenta con el aval de Bullrich, también propone la creación de un Departamento Federal de Investigaciones encargado de los delitos complejos en el país, y un Departamento Federal de Coordinación. Dentro del primero, se establecerían tres subáreas dedicadas a la investigación: Agencias Federales de Investigación (AFDI), Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico, con un crecimiento anual del 10% en la cantidad de efectivos de la Policía Federal en el interior del país.

Fuentes autorizadas dentro de las fuerzas federales de seguridad señalaron que el proyecto fue enviado a Gendarmería Nacional y Prefectura, aunque aclararon que está destinado exclusivamente a la Policía Federal. Además, estas fuentes calificaron la iniciativa como “excesiva” y expresaron su preocupación por las facultades extraordinarias que se otorgarían a la fuerza de seguridad, colocándola por encima de las otras.

Al mismo tiempo, la propuesta generó críticas por parte de especialistas en derecho y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre “posibles afectaciones a la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos”, cuestionan la falta de control judicial en las nuevas atribuciones de la Policía Federal, y temen que se habilite una vigilancia masiva en el ciberespacio.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad argumentan que estas medidas “son necesarias para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el cibercrimen”, y que se enmarcan en las políticas de seguridad implementadas por países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India. Sin embargo, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales continúa abierto.