Sueldo comenzó subrayando la importancia del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales, pero también advirtió que tanto este poder como el Legislativo se han visto debilitados por el accionar del Ejecutivo, especialmente a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y vetos presidenciales. “Desde el punto de vista constitucional y republicano, no estamos bien. Estamos en seria falta institucional”, sentenció.

En relación con la reforma de 1994, Sueldo expresó posturas encontradas. Si bien consideró que fue una medida necesaria en su contexto político, cuestionó varios de sus resultados: la eliminación del colegio electoral, la creación del jefe de Gabinete –a quien definió como “ni chiche ni limonada”–, y la incorporación del tercer senador.  Además, criticó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, señalando un exceso de peso político en detrimento del aspecto académico e institucional.

Uno de los puntos más polémicos abordados fue la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, hecho que calificó como inconstitucional y gravísimo. Para Sueldo, este tipo de decisiones socavan la división de poderes, especialmente cuando el Poder Ejecutivo actúa sobre instituciones que deberían ser independientes. “Un juez de la Corte no representa al presidente. Es cabeza de otro poder del Estado. No puede ser nombrado sin acuerdo del Senado”, afirmó.

Además, criticó la ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU, por permitir su validez con el aval de una sola cámara del Congreso. A su juicio, esa norma es contraria a la Constitución y ningún espacio político ha mostrado intención de modificarla.

Sueldo también reflexionó sobre la confusión entre democracia y república, advirtiendo que gobernar con una mayoría circunstancial sin respetar la ley y los contrapesos institucionales puede llevar a abusos de poder: “Una mayoría no puede justificar cualquier decisión. En la república, todos estamos sometidos a la ley”, explicó.

Finalmente, el abogado destacó la necesidad de elegir jueces no solo con conocimiento técnico, sino con sentido común e integridad. “El derecho sin sentido común no es derecho”, concluyó.

Una entrevista que deja en evidencia las tensiones persistentes entre poderes del Estado y plantea interrogantes sobre la calidad institucional, la vigencia del sistema republicano y el respeto por los principios constitucionales en la Argentina actual.