Hace tres semanas, la Secretaría de Industria y Comercio resolvió que las prepagas tienen que aplicar el índice de inflación (IPC) para actualizar las cuotas de los clientes, teniendo como mes base diciembre. Ahora, en mayo, las prepagas comenzaron a anunciar que aplicarán descuentos entre el 20 y el 22%.

En un gesto de profundización del enfrentamiento con las empresas de medicina privada, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio a conocer jueves una fórmula para calcular exactamente cuál debe ser el incremento y además habilitó una línea de denuncias.

Más allá de los mensajes políticos, la realidad es que el Gobierno quedó en una situación muy desventajosa a nivel judicial. Después de varias semanas, la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira decidió pasar el expediente al declararse incompetente y evitar dictar una medida cautelar.

Sostuvo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados y remitió el caso a un proceso colectivo que impulsaron muchos ciudadanos contra el DNU de Javier Milei. Fue el DNU el que permitió los aumentos en las cuotas. Ahora, el propio Ejecutivo que habilitó la desregulación litigará, en un mismo proceso, junto a los afectados contra las empresas que defienden esas subas.

Maquieira podría haber dictado una medida cautelar dándole amparo a la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio (o también rechazado), podría haber rechazado la cautelar, pero la jueza optó por una salida completamente distinta al enviar el expediente del juzgado 9 que ella preside al Juzgado 3, donde a su vez también hay un conflicto entre Juzgado 3 y San Martín. Es decir, la jueza se sacó de encima el expediente y lo envió a una vía donde hay un conflicto de competencia que va a demorar muchos años en solucionarse.

Caputo va a pretender que las prepagas apliquen ese índice de aumento y, si no lo hacen, amenaza con aplicar multas importantes sobre el nivel total de facturación. Pero a su vez las multas son apelables.

En definitiva, el Gobierno buscó un amparo en la Justicia que no obtuvo y quedó desamparado frente a la posibilidad de aumentar de las prepagas; incluso a la pretensión de las empresas de no devolver el dinero retroactivo.