Caputo autorizó subas del 100% en las rutas concesionadas hace apenas tres meses

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, habilitó una nueva y contundente actualización en los cuadros tarifarios de los peajes que componen las rutas nacionales recientemente concesionadas.

La medida convalidada por la Dirección Nacional de Vialidad otorga incrementos que alcanzan hasta un cien por ciento en los corredores viales que la administración libertaria privatizó hace poco más de noventa días. Se trata del segundo ajuste autorizado en favor de las firmas privadas en un periodo récord, encendiendo un fuerte malestar entre los usuarios y los transportistas que transitan a diario.

Las empresas adjudicatarias de los distintos tramos ampararon la disparada de los valores en el cumplimiento de los pliegos de licitación, argumentando el aumento de los costos operativos y la ejecución de tareas básicas de mantenimiento de calzada. Sin embargo, la celeridad con la que el Palacio de Hacienda autoriza estos aumentos contrasta fuertemente con las demoras para exigir la concreción de obras de infraestructura de envergadura en los trazados más deteriorados. La política de traslado automático de costos a la tarifa consolida un esquema de rentabilidad garantizada para los operadores privados.

El impacto de este nuevo tarifazo golpea directo en la estructura de costos del transporte de cargas y del sector logístico, amenazando con trasladarse de inmediato a los precios de la canasta básica en los mostradores. Las cámaras que agrupan a los transportistas de granos y mercaderías denunciaron que el costo de transitar por las rutas del país se volvió prácticamente impagable, acumulando subas desproporcionadas frente al congelamiento de los fletes. La falta de alternativas de transporte seguro deja a los productores a merced de los incrementos fijados por los concesionarios.

En los despachos de la Casa Rosada defienden las resoluciones de Vialidad Nacional sosteniendo que la actualización de las tarifas resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera de las concesiones sin recurrir al subsidio estatal. El discurso oficial enfatiza que la eliminación del gasto público en el mantenimiento de las calzadas forma parte del programa de déficit cero, derivando el costo íntegro de la infraestructura sobre los usuarios directos. La estrategia libertaria busca desligar al Estado de cualquier compromiso presupuestario con las rutas nacionales.

Desde la oposición parlamentaria salieron al cruce de las resoluciones firmadas por la cartera económica, calificando la jugada como una "estafa a los automovilistas" que pagan peajes a precio internacional por carreteras deficientes. Distintos legisladores adelantaron que citarán a los funcionarios de Vialidad al Congreso para exigir la revisión de los contratos firmados y verificar el grado de cumplimiento de las inversiones prometidas por los consorcios beneficiados. Las dudas sobre la transparencia en los pliegos de licitación vuelven a colocarse en el centro del debate político.

La seguidilla de incrementos en los peajes profundiza la presión inflacionaria sobre la economía real en el arranque del último trimestre del año. Mientras los automovilistas y los camioneros asimilan la duplicación del costo del pasaje en las cabinas de cobro, las empresas concesionarias celebran el blindaje fiscal otorgado por el Poder Ejecutivo. El modelo de privatización vial de Caputo avanza a paso firme, aunque con el costo descargado íntegramente sobre los bolsillos de los contribuyentes.