Denuncian a Petri por la compra de un avión, sobreprecios y fallas

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Luis Petri por presuntas irregularidades en la compra de un avión Embraer ERJ-140LR destinado a la Fuerza Aérea Argentina. La presentación judicial apunta a una operación millonaria que, según la legisladora, se realizó con sobreprecios, direccionamiento de la licitación y recepción de una aeronave con graves fallas técnicas.

La denuncia también involucra a funcionarios del Ministerio de Defensa y miembros de la Fuerza Aérea que habrían intervenido en el proceso de adquisición.

Según el escrito presentado ante la Justicia Federal, el Estado argentino adquirió en 2025 un Embraer ERJ-140LR a la empresa estadounidense Regional One Inc. por un monto de 4.085.000 dólares.

Sin embargo, Pagano sostiene que el valor real de mercado de la aeronave rondaba los 2.300.000 dólares, lo que abriría interrogantes sobre un posible sobreprecio en la operación.

La diputada del bloque Coherencia afirmó que el proceso de compra habría sido direccionado para favorecer a un proveedor específico y remarcó un dato que considera clave: el avión ya lucía los colores de la Fuerza Aérea Argentina desde 2023, dos años antes de que se iniciara formalmente la licitación.

La presentación judicial sostiene que existieron advertencias internas y objeciones que no fueron atendidas por las autoridades del Ministerio de Defensa.

Entre los puntos mencionados aparece una impugnación presentada por la firma Alpha Aviation en julio de 2025, que habría llegado a áreas del propio ministerio. Además, la denuncia asegura que una investigación interna sobre posibles irregularidades terminó archivada.

Para Pagano, Petri no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido debido a que las observaciones ya circulaban dentro de la estructura oficial antes de concretarse la operación.

La diputada encuadró los hechos en posibles delitos de defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

También pidió una serie de medidas judiciales, entre ellas la suspensión de pagos pendientes a Regional One Inc., allanamientos en dependencias de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa, además del secuestro de pasaportes de funcionarios involucrados.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el estado en el que habría sido recibida la aeronave.

De acuerdo con la denuncia, la propia Fuerza Aérea documentó 19 deficiencias técnicas graves, entre las que figuran fugas de aceite, corrosión, desgaste en mandos de vuelo y otros problemas estructurales.

La presentación sostiene que, pese a esas observaciones, el avión igualmente fue aceptado.

La investigación periodística que impulsó el caso sostiene además que el avión ya estaba pintado con los colores oficiales de la Fuerza Aérea antes de que se abriera la licitación.

Para los denunciantes, ese detalle reforzaría la hipótesis de que la compra estaba previamente definida y que el proceso administrativo se habría utilizado únicamente para formalizar una decisión tomada con anterioridad.

Tras la difusión de la denuncia, Luis Petri negó cualquier tipo de encubrimiento y aseguró que él mismo había impulsado una denuncia penal meses antes de dejar el Ministerio de Defensa.

“Denuncié yo mismo este hecho en noviembre de 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística”, sostuvo el actual diputado nacional a través de redes sociales.

Según explicó, durante su gestión el ministerio solicitó informes internos a la Fuerza Aérea y reunió documentación que fue puesta a disposición de la Justicia Federal.

La denuncia de Pagano volvió a profundizar las tensiones internas dentro del universo libertario y reactivó cuestionamientos sobre los mecanismos de compra en áreas sensibles del Estado.

El expediente ahora deberá avanzar en la Justicia Federal, donde se analizará si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos vinculados a la adquisición de la aeronave.

Mientras tanto, la causa suma presión política sobre la gestión de Defensa y vuelve a poner bajo la lupa los procesos de contratación vinculados a equipamiento militar.