Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa, posiblemente, el tramo más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En pocas semanas, su gestión quedó atrapada en una tormenta de denuncias cruzadas que involucran millones de pesos, presunto lavado de activos, evasión fiscal y la utilización de un documento presuntamente adulterado para sancionar a un club opositor dentro del esquema político del fútbol.

Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI), a través de la ARCA, denunció a la financiera Sur Finanzas S.A., una empresa ligada al entorno de Tapia, por una operatoria considerada irregular, tanto por su volumen como por el perfil de los usuarios involucrados. Por el otro, se instaló el llamado “PDFgate”, una situación inédita que deja a la AFA bajo sospecha por el uso de un documento digital presuntamente modificado para intervenir en una disputa deportiva.

Según la denuncia presentada por la DGI ante la Justicia, la financiera Sur Finanzas habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos en un esquema considerado de “Circuito marginal”. Las operaciones se realizaban mediante su billetera virtual y estaban vinculadas a personas sin actividad económica clara o monotributistas de categorías muy bajas, sin capacidad formal para justificar semejante volumen de dinero.

El organismo recaudador estimó que la empresa habría evadido más de 3.300 millones de pesos en concepto de Impuesto al cheque.

El punto sensible del caso es el vínculo político y simbólico: Sur Finanzas auspicia a Barracas Central, club históricamente ligado a Tapia, y también figura como sponsor en competencias de la Liga Profesional organizada por la propia AFA.

Si bien Tapia no figura como accionista directo, la investigación pone bajo foco el entramado entre dirigencia deportiva, negocios privados y finanzas, un cruce que desde hace años genera polémicas en el fútbol argentino.

Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de Sur Finanzas, quien exhibe públicamente su cercanía con el presidente de la AFA y mantiene vínculos con el mundo del fútbol profesional.

La DGI sostiene que el volumen de dinero operado no se condice con la estructura declarada por la empresa y que existe un patrón típico de maniobra para blanqueo de capitales.

Mientras la causa financiera avanza por carriles judiciales, otro frente se abrió en el plano institucional de la AFA.

El Tribunal Oral Federal Nº 7 reveló que la AFA intentó sancionar a Estudiantes de La Plata por el episodio del “pasillo de espaldas” a Rosario Central, tras una consagración, utilizando el Boletín Nº 6625 con fecha supuestamente emitida en febrero de 2025.

Sin embargo, peritos informáticos determinaron que el archivo fue creado y modificado el domingo 23 de noviembre, es decir, después del partido y en pleno conflicto. Esto abre la sospecha de una posible adulteración de documento oficial, un hecho de enorme gravedad institucional.

Desde Estudiantes, el entorno legal del club analiza iniciar acciones por posible fraude, especialmente si se concreta alguna sanción disciplinaria basada en ese material.

Lo que se discute ya no es solo una decisión arbitral o reglamentaria: está en juego la credibilidad del sistema de disciplinamiento del fútbol argentino.

Por primera vez desde que Tapia ocupa el sillón principal de la AFA, no se trata de una simple disputa deportiva o una interna dirigencial. La crisis atraviesa dimensiones mucho más profundas: justicia, finanzas, legalidad institucional y manejo del poder.

En voz baja, algunos dirigentes comienzan a preguntarse hasta qué punto estos escándalos pueden erosionar la estabilidad dentro de la cúpula del fútbol. Otros, más cercanos al oficialismo, apuestan a que el tiempo y los resultados deportivos amortigüen el impacto. Pero el daño reputacional ya está instalado.