El fiscal investiga las refacciones en la casa del country de Adorni y citó a declarar al contratista

Avanza la causa donde se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el fiscal Gerardo Pollicita evalúa las refacciones realizadas en la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y citó a declarar como testigo al contratista.

Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, deberá presentarse el próximo 24 de abril a las 9 en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal le solicitó presentar toda la documentación vinculada a los presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de trabajo, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones con Adorni o su esposa, Bettina Julieta Angeletti, quien figura como titular del inmueble.

El contratista deberá presentar ante la Justicia “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad”.

También información detallada de “cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores”.

Angeletti adquirió la propiedad en noviembre de 2024 y abonó la tasa de ingreso al barrio por un monto de 5.000 dólares. En esa línea, Pollicita también requirió a la administración del country información detallada sobre el pago de expensas y la tasa de ingreso, ante la falta de respuesta previa a un pedido similar.

Además, en las últimas horas, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa vinculada a la familia con el objetivo de analizar movimientos financieros y activos entre 2022 y 2025.

En paralelo, la fiscalía citó a otros testigos para las próximas semanas: las vendedoras del departamento Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, el hijo de esta última, Pablo Martín Feijoo, y el vendedor Juan Consentino. Todos deberán declarar bajo juramento y aportar documentación sobre el origen de los fondos y las operaciones inmobiliarias, que incluyen la reciente compra de un departamento en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, concretada en noviembre de 2025 con un esquema de financiamiento privado sin intereses.

Todos ellos deberán facilitar “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas que la fiscalía viene impulsando para reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y el movimiento patrimonial del funcionario.

El eje del caso es la estructura del acuerdo: las jubiladas vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

Sobre ese punto, la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación, ratificó en su declaración que “no hubo préstamos de dinero en efectivo” y sostuvo que se trató de “una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio”. También afirmó que “no hubo irregularidades” y que fue “una operación normal”.

Nechevenko se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su testimonio ante Pollicita durante más de dos horas. Fue la primera testigo en presentarse en la causa.

Sin embargo, la fiscalía mantiene bajo análisis la lógica económica del acuerdo, en particular el hecho de que la hipoteca no contemple intereses. Ese aspecto, junto con el rol de los distintos actores intervinientes, motivó las nuevas citaciones, entre ellas la de Feijoo, cuya participación en la reserva del inmueble quedó documentada.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo, el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y existirían omisiones en la información presentada.