Impulsan una ley para ordenar el traspaso de gobiernos en la provincia de Buenos Aires

El diputado Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para regular el proceso de transición entre gobiernos bonaerenses, de cara a las próximas elecciones de 2027 en las que Axel Kicillof dará por finalizados sus dos mandatos consecutivos y no podrá ser reelecto.

La iniciativa pone el foco en establecer reglas claras para el traspaso de mando y evitar situaciones de conflicto vinculadas al acceso a la información entre gestiones salientes y entrantes.

En los fundamentos, el legislador de Fuerza Patria advierte que los cambios de administración “se han llevado a cabo de acuerdo al uso y costumbre, sin mayores disposiciones legales que los regulen”, lo que derivó en resultados dispares según el nivel de diálogo político. En ese marco, el diputado bonaerense plantea la necesidad de fijar un esquema normativo que ordene ese proceso.

En esa línea, el proyecto define a la transición como el período que se inicia tras la proclamación de autoridades electas y se extiende hasta su asunción. Durante ese lapso, la iniciativa propone la creación de un Consejo de Transición Saliente, integrado por funcionarios del Ejecutivo, y un Consejo de Transición Entrante, designado por el gobernador electo. Ambos tendrán la tarea de coordinar la entrega de datos y elaborar un informe final sobre el estado de la administración.

“Esto no puede quedar librado al azar, o mejor dicho, a la buena voluntad o predisposición sobre todo de los gobernantes salientes”, señala en los fundamentos el diputado bonaerense, al tiempo que hace hincapié en que el proceso no puede depender de decisiones discrecionales.

La iniciativa establece que los informes de gestión tendrán carácter de declaración jurada y deberán incluir información presupuestaria, financiera, nivel de endeudamiento, contratos vigentes, situación del personal y estado de concesiones, entre otros puntos.

Además, el texto remarca la importancia del acceso a la información para la gestión entrante. “No permitir el acceso adecuado a la información a las nuevas autoridades perjudica notoriamente la gestión”, advierte Lissalde,

El proyecto también fija obligaciones para los funcionarios en ejercicio, quienes deberán abstenerse de realizar acciones que dificulten el traspaso de mando. En los fundamentos el diputado bonaerense subraya que durante ese período “debe primar la cooperación del Gobierno saliente y no su arbitrariedad al negar, ocultar o tergiversar información”.

En el cierre, el legislador sostiene que la propuesta busca institucionalizar el proceso y evitar situaciones de tensión, al plantear la necesidad de “generar consensos y evitar transformar la transición en un hecho traumático que tenga como consecuencia la generación de conflictos innecesarios”.

Informes, plazos y responsabilidades

El proyecto establece que el Consejo de Transición Saliente deberá elaborar informes detallados sobre cada área de gobierno y entregarlos con al menos 30 días de antelación al final del mandato. A su vez, el equipo entrante podrá requerir información adicional y será responsable de confeccionar el Informe Final de Transición.

En tanto que, la iniciativa propone que ese documento se publique dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción de las nuevas autoridades, con el objetivo de transparentar el estado en que se recibe la administración provincial.

Lissalde también prevé sanciones en caso de incumplimiento, al establecer que la falta de colaboración en el proceso será considerada como incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales.