Javier Alonso acelera acuerdos para reformar la ley de Seguridad bonaerense

Con el objetivo de avanzar con la reforma de la ley de Seguridad anunciada por Axel Kicillof en la apertura de sesiones de este año, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reunió en Escobar a un grupo de intendentes para analizar la iniciativa que, entre otras cosas, busca institucionalizar un esquema que ya funciona de hecho en algunos territorios y que despierta controversias en todo el arco político provincial: las policías locales.

El encuentro se dio en la antesala del envío a la Legislatura de una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública que, con más de tres décadas de vigencia, es considerada desactualizada frente a un escenario donde los municipios ganaron protagonismo en la gestión de la seguridad.

“Hoy todo el sistema está montado en resoluciones ministeriales. Si cambia el ministro, cambia el enfoque”, advirtió Alonso tiempo atrás en una entrevista con Buenos Aires/12. La definición no es menor: el objetivo del Ejecutivo es convertir en ley un modelo que hoy se sostiene sobre herramientas administrativas y que, según plantean en la Provincia, necesita estabilidad y respaldo jurídico.

La mesa de Escobar funcionó como punto de apoyo político para ese proyecto. Allí estuvieron, entre otros, Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza), además del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, uno de los referentes opositores que se sumó al debate.

Mientras se espera por la apertura del debate legislativo, las policías locales experimentan diferentes grados de desarrollo en distritos como San Miguel, Escobar, San Vicente, Morón, Ezeiza, Avellaneda, Tres de Febrero, General Pueyrredón o Vicente López.

El encuentro en Escobar marca el inicio de una presión política coordinada hacia la Legislatura provincial. Con el respaldo del ministro de Seguridad y jefes comunales de peso, el proyecto busca profesionalizar las tareas de prevención local y dotar de autonomía a quienes, día a día, enfrentan la demanda de seguridad en la primera línea del territorio.

El proyecto en elaboración apunta a reconocer formalmente el rol que los municipios ya cumplen en la práctica. Centros de monitoreo, cámaras de seguridad, compra de equipamiento y uso de armas no letales forman parte de un esquema que hoy es financiado y ejecutado por las comunas, pero que carece de un marco normativo sólido.

“Los intendentes son piezas clave”, insistió Alonso cuando salió a debatir el proyecto para que los 135 municipios integren un esquema institucional más robusto, con participación en un consejo y con planes de seguridad que tengan fuerza de ley.

En términos políticos, la iniciativa tiene doble objetivo. Por un lado, actualizar una ley que quedó vieja frente a la realidad operativa. Por otro, consolidar un esquema donde los municipios asumen cada vez más responsabilidades en la prevención, pero con reglas claras y respaldo institucional.