La Casa Rosada cuestiona el dictamen de la ley de Discapacidad y presiona para introducir cambios

Las tensiones internas por Discapacidad volvieron a aparecer en el Gobierno después de que La Libertad Avanza avanzara en Diputados con un dictamen que no fue convalidado por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La Casa Rosada abrió ahora una negociación interna para intentar acercar posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto.

“Avanzaron solos”, sostiene un funcionario cercano al equipo económico sobre la conducción parlamentaria. En ese sector aseguran que el Ministerio de Economía no aprobó el texto que terminó firmándose y que tampoco recibió el aval de las otras dos áreas que intervienen en la definición jurídica y sanitaria de la iniciativa.

Cerca de Karina Milei reconocen el problema y aseguran que están negociando con Economía para conseguir su respaldo. “Por ahora están en que lo vetan si sale así. Vamos a arreglar igual, pero a Javier y a Toto no les gustó”, explican en el oficialismo. La definición todavía no está cerrada.

El conflicto vuelve a exponer los problemas de coordinación que el Gobierno ya había reconocido en la discusión por Discapacidad. En la Casa Rosada admiten que el texto parlamentario avanzó sin un acuerdo previo de todas las áreas y que ahora buscan evitar que la diferencia vuelva a convertirse en una disputa pública.

La posición de Javier Milei, según funcionarios que conocen su postura, sigue más cerca de los cambios que el Ejecutivo incluyó originalmente en el Presupuesto 2027. Ese capítulo planteó modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones que luego generaron cuestionamientos de los aliados y obligaron al oficialismo a reabrir la negociación.

El nuevo dictamen tomó otra dirección. La Libertad Avanza consiguió 42 firmas frente a 36 del despacho opositor en el plenario de Discapacidad y Presupuesto, con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Eso le permitirá al texto oficialista ser considerado primero cuando el tema llegue al recinto.

La iniciativa propone reemplazar la emergencia por un régimen permanente y mantiene varios puntos reclamados por los aliados: pensiones no contributivas, cobertura médica, compatibilidad con determinados ingresos laborales, universalidad del nomenclador, actualización de aranceles y un cronograma para pagar compensaciones adeudadas a prestadores.

Uno de los puntos centrales es la actualización de las prestaciones. El dictamen conserva la referencia al artículo 7 bis de la Ley 24.901, que establece un mecanismo de actualización periódica, mientras el proyecto de Presupuesto había planteado eliminar ese esquema. Esa contradicción entre ambos textos es una de las cuestiones que el oficialismo debe resolver antes de avanzar.

En el Gobierno aseguran que las áreas técnicas todavía no convalidan el proyecto tal como quedó redactado. La intención del sector político es evitar que esa diferencia derive en una situación en la que diputados de La Libertad Avanza voten una ley que después sea objetada por el propio Poder Ejecutivo.

Por eso, la Casa Rosada evalúa cómo modificar o reordenar el texto antes de la sesión. En el sector que responde a Karina Milei aseguran que mantienen conversaciones con Economía y que confían en alcanzar un acuerdo. “No hubo coordinación, pero vamos a arreglar. Estamos dialogando para que no haya problemas de vuelta”, explican.

El episodio también reabre diferencias sobre el funcionamiento de la mesa política. Funcionarios cercanos al equipo económico cuestionan que las discusiones internas no terminen de ordenar previamente las decisiones legislativas y advierten que la desconfianza entre sectores dificulta que las posiciones reales se planteen antes de avanzar.

En otro sector del Ejecutivo buscan bajar la tensión y remarcan que el objetivo político es sacar el conflicto de Discapacidad de la agenda. “Hay que dejar de tener quilombo por este tema”, sintetiza un funcionario, que además recuerda el malestar que provocaron las diferencias públicas que expuso Patricia Bullrich durante la discusión del Presupuesto.

La intención de la conducción parlamentaria sigue siendo llevar Discapacidad a una sesión durante la primera mitad de octubre, junto con otros proyectos que el oficialismo quiere impulsar antes del debate del Presupuesto. El Gobierno también trabaja para incluir las iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar y avanzar con el paquete de Malvinas.

El dictamen había sido presentado justamente como una herramienta para evitar que la oposición impusiera nuevamente su propia agenda y prorrogar la emergencia vigente. El oficialismo consiguió para eso el respaldo de distintos bloques dialoguistas, aunque varios de esos aliados dejaron planteadas reservas sobre el financiamiento y reclamaron que los compromisos también queden reflejados en el Presupuesto.

La prioridad inmediata de la Casa Rosada es ahora cerrar la interna antes de llegar al recinto.