La Iglesia cuestionó a Milei por la paralización de obras en barrios populares

La Iglesia Católica y organizaciones sociales lanzaron un fuerte reclamo al gobierno de Javier Milei por el cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la paralización de obras en villas y asentamientos. Desde Cáritas Argentina advirtieron que la decisión impacta sobre millones de personas que viven en barrios populares, y alertaron por nuevos recortes en infraestructura básica.

Un puñado de representantes eclesiales y referentes comunitarios cuestionaron el ajuste bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. Los voceros señalaron que el Ejecutivo libertario no renovará los contratos de 300 trabajadores del área y denunciaron la desarticulación del organismo encargado de ejecutar proyectos en territorio.

Ante este panorama, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, sostuvo que el reclamo apunta a reactivar las obras esenciales en los barrios más postergados. “Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, afirmó el religioso al describir el alcance de la política pública suspendida.

En ese marco, Carrara sostuvo que la política social no puede limitarse a la transferencia de ingresos y remarcó la necesidad de sostener obras de infraestructura en los barrios populares. El titular de Cáritas explicó que, aunque una familia perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar, la ausencia de agua potable, centros de salud cercanos o redes cloacales condiciona de manera estructural la vida cotidiana.

La Mesa Nacional de Barrios Populares también convocó al director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra; a la exsubsecretaria de Gestión de Tierras, Fernanda García Monticelli; y a la referente del Barrio Obrero de Cipolletti, Lila Calderón, quienes expusieron las consecuencias del ajuste. Los participantes aseguraron que el recorte y el congelamiento del área provocaron la paralización de más de 700 obras, y la suspensión del programa Mi Pieza.

Sobre este punto, Carrara recordó que el Ejecutivo de Javier Milei disolvió el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) mediante el decreto 312/25 y trasladó su órbita al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. El clérigo platense señaló que la Justicia sobreseyó en julio de 2025 al dirigente Juan Grabois, tras no encontrar pruebas de malversación en la administración de esos recursos.

El representante de Cáritas también advirtió sobre las consecuencias sociales de la retirada estatal en los barrios vulnerables. “Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica”, concluyó Carrara al alertar sobre el riesgo de mayor exclusión.

Finalmente, el Congreso instituyó la política de integración sociourbana con la Ley 27.453, tras el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que identificó 6.467 zonas vulnerables donde viven 1.237.795 familias. Frente al desguace denunciado por las organizaciones, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares para la continuidad del programa, mientras que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) instaló casillas en Plaza de Mayo para exigir la reactivación de la SISU.

El Gobierno avanza con el cierre de la SISU y confirma 300 despidos

En línea con el reclamo que encabezaron la Iglesia y las organizaciones sociales, la administración de Javier Milei avanzó con el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU) y dispuso su reducción a Dirección Nacional. La modificación implica el recorte de funciones y recursos del área encargada de ejecutar la urbanización en barrios populares de todo el país.

Cabe recordar que la Ley 27.453 declaró de interés público la integración de los barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y estableció como metas el acceso a servicios básicos, la regularización dominial y la suspensión de desalojos. En ese marco, la SISU se creó en 2018 para cumplir esos objetivos y otorgó el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento que permitió a miles de familias acreditar domicilio y gestionar servicios esenciales.

Desde diciembre de 2023, la actual conducción nacional desfinanció el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), lo que derivó en más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y miles de trámites pendientes. Además, el Gobierno libertario confirmó 300 despidos a partir del 1° de marzo, decisión que incrementó la preocupación entre referentes territoriales y trabajadores del organismo.

Frente a este escenario, empleados de la SISU, vecinos y organizaciones sociales junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron en la sede de la dependencia, ubicada en Avenida Roque Sáenz Peña 777, y marcharon hacia el Ministerio de Economía. Los manifestantes exigieron la continuidad de las políticas de integración sociourbana y denunciaron que el cierre del área deja sin acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos.