La Justicia habilitó a Cristina y a Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la primera audiencia

El Tribunal Oral Federal 5 autorizó a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo a conectarse de manera virtual durante la primera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces.

La medida regirá solo para la primera jornada, donde se leerá la elevación a juicio y en la Sala AMIA de Comodoro Py solo estará presente en representación de Máximo y Cristina su abogado, Carlos Beraldi. La decisión del TOF, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, responde a no dilatar el inicio del proceso, previsto para este viernes a las 10.

“La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, sostuvieron los jueces al respecto.

El fallo de Casación, añadió el TOF “ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Para cumplir con la fecha fijada, profundizaron los magistrados, es que se decidió hacer lugar al pedido de la expresidenta y su hijo. Todo ello para “adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes”.

Al respecto, los jueces aclararon que el juicio será plenamente presencial y que se habilitó excepcionalmente “la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”.

Tampoco regirá un sistema hibrido, aclararon los magistrados en su resolución.

El martes, la Cámara de Casación resolvió unificar ambos expedientes en un solo juicio, tras sostener que ya durante la instrucción “la tramitación conjunta de ambas resultaba ser la solucio?n ma?s conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economi?a procesal y, en definitiva, una mejor y ma?s pronta administracio?n de justicia".

En esa línea, los magistrados agregaron que la decisión de separar las causas va en contra de “la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable”.

Anteriormente, el TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.

El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.

En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso.

LA ACUSACIÓN

De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.

También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.

La lista de los acusados se completa con Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en las operaciones societarias y financieras. Florencia Kirchner quedó afuera del proceso tras un sobreseimiento firme de la Cámara de Casación.

La fiscalía sostiene que, en Los Sauces, la sociedad facturó casi 26 millones de pesos entre 2009 y 2016 en alquileres a empresas de Báez y del Grupo Indalo —cerca del 88 % de su facturación—, mientras que en Hotesur los pagos de Valle Mitre habrían servido para incorporar al patrimonio familiar fondos provenientes de adjudicaciones de obra pública.