Los judiciales bonaerenses ya plantean sus reclamos para el Presupuesto 2027

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó en las últimas horas ante distintas autoridades provinciales una propuesta para incrementar los recursos destinados al Poder Judicial en el Presupuesto 2027, con un pedido de 3,69 billones de pesos que contempla una recomposición salarial del 20%, la incorporación de personal y mayores inversiones en infraestructura, en medio de los reclamos por el deterioro de las condiciones laborales entre los judiciales bonaerenses.

El documento, que elaboró el Centro de Investigación y Formación (CIyF) del gremio bajo el título “Elementos para evaluar el presupuesto 2027 del Poder Judicial”, advierte sobre la pérdida histórica de participación de la Justicia en las cuentas provinciales y plantea la necesidad de recuperar progresivamente los niveles de financiamiento de décadas anteriores, con el objetivo de revertir el deterioro salarial, fortalecer las dependencias judiciales y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia.

Cabe destacar que la AJB impulsa este tipo de propuestas desde el año 2022, con el propósito de incorporar las demandas de los trabajadores judiciales al debate presupuestario y establecer una política sostenida de financiamiento para el sector, que permita atender las necesidades de personal, infraestructura y funcionamiento del sistema judicial bonaerense.

Según el relevamiento sindical, el Poder Judicial bonaerense concentraba algo más del 5% del presupuesto provincial en 2002 y 2003, pero esa participación descendió hasta el 3,22% en 2024, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Si bien los recursos destinados a la Justicia recuperaron terreno durante 2025 y 2026, hasta alcanzar el 4,08% en el ejercicio actual, todavía permanecen lejos del 7% que registraban durante la década de 1980.

En ese contexto, la entidad que representa a los judiciales bonaerenses advirtió que el incremento sostenido de la cantidad de causas judiciales no tuvo como contrapartida una ampliación equivalente de las plantas de personal ni de las inversiones en equipamiento. Según el informe del gremio, el desfasaje entre los recursos disponibles y las demandas del sistema profundizó la sobrecarga laboral, deterioró las condiciones de trabajo y afectó la capacidad de respuesta de las dependencias judiciales.

Otro de los puntos centrales del diagnóstico corresponde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que alcanza el 36% en la subcategoría F respecto de los niveles del 2019, mientras que en las categorías superiores oscila entre el 9% y el 15%. En tanto, el estudio también señala que los gastos salariales absorben actualmente más del 90% de los recursos del Poder Judicial, una proporción que reduce el margen presupuestario para atender necesidades de infraestructura, mantenimiento y funcionamiento.

Frente a este escenario, la AJB propuso destinar aproximadamente $3,69 billones al sistema judicial bonaerense de cara al próximo año, con una recomposición salarial del 20% adicional a los incrementos que surjan de las negociaciones paritarias y una extensión del sistema de subcategorías. La iniciativa también contempla una mejora de ese régimen salarial, con el propósito de comenzar a revertir la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los judiciales bonaerenses como consecuencia del proceso inflacionario y el ajuste.

En materia de recursos humanos, el proyecto contempla un incremento del 10% de la planta de personal, junto con mayores partidas para el mantenimiento y la reparación de edificios, la cobertura de cargos vacantes y el funcionamiento de las dependencias judiciales.

Asimismo, la organización gremial que lidera Hugo Russo plantea una estrategia de recuperación presupuestaria que permita elevar la participación del aparato judicial al 5% de los recursos provinciales en el corto plazo, con la perspectiva de alcanzar progresivamente el 7% de décadas anteriores. La propuesta apunta a establecer un esquema sostenido de financiamiento para que las mejoras salariales, la incorporación de trabajadores y las inversiones en infraestructura no dependan exclusivamente de las asignaciones anuales.

Por último, la AJB reclamó la aprobación de una Ley de Paritarias para los trabajadores judiciales, a quienes identifica como el único sector del Estado bonaerense que todavía carece de una regulación legal específica para la negociación colectiva, al tiempo que pidió avanzar hacia la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial.

En paralelo al reclamo de la AJB por mayores recursos para 2027, la Suprema Corte de Justicia bonaerense también busca avanzar con el tratamiento de un proyecto de ley para establecer la autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial, una iniciativa que cuenta con el respaldo del gremio y de distintas entidades vinculadas con la administración de justicia.

El máximo tribunal provincial, que preside Sergio Torres, formalizó el pasado 6 de octubre el envío de la propuesta a la Cámara de Diputados bonaerense, con el objetivo de incorporar la discusión al próximo debate del Presupuesto 2027. La iniciativa, que la Corte presentó originalmente en abril pasado, apunta a fortalecer la independencia financiera de la Justicia y modificar el esquema de administración de sus recursos.

Como principal novedad, el proyecto establece que la Corte bonaerense tendrá la potestad de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, el cual comprenderá el cálculo de erogaciones y recursos correspondientes a las áreas de las jurisdicciones Administración de Justicia y del Ministerio Público, con una distribución inicial del 65% y el 35%, respectivamente.

El texto también contempla un mecanismo de transferencias automáticas de fondos, la creación de cuentas fiscales específicas en el Banco Provincia y nuevas atribuciones para el tribunal supremo en materia salarial.

Finalmente, la propuesta prevé la creación de una comisión Bicameral de seguimiento, integrada por seis diputados y seis senadores, que podrá solicitar informes y formular recomendaciones sobre la implementación del régimen de autarquía.