La policía desalojó a los manifestantes que cortaban la calle frente a la Secretaría de Trabajo

En medio de la protesta del sindicato SUTNA y la CGT frente a la Secretaría de Trabajo, la Policía de la Ciudad desalojó a los manifestantes que intentaban cortar la calle, en reclamo por los despidos y el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.

Los efectivos montaron un operativo para evitar el corte de circulación sobre Av. Leandro N. Alem al 600 y el Metrobus. De esta forma, aplicaron el protocolo antipiquetes, lo que derivó en el uso de gas pimienta, corridas y forcejos con los manifestantes, entre ellos, movimientos de izquierda.

Ante esta situación, al menos un policía resultó herido. Finalmente, los manifestantes fueron dispersados.

De las protestas participaron los representantes de la izquierda Myrian Bregman, Romina Del Pla, Rubén “Pollo” Sobrero y Eduardo Belliboni, quien denunció haber sido agredido por la Policía.

Representantes de ATE, la CTA y La Bancaria se sumaron a la marcha que convocó el SUTNA por el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando.

Antes del conflicto, trabajadores de FATE se movilizaron a la puerta de la Secretaría de Trabajo desde las 11.

La conciliación obligatoria que frenó el cierre de la planta de Fate en San Fernando vence este miércoles y deja al conflicto en un punto crítico.

Desde las 11, el Gobierno, la empresa y el SUTNA mantienen una audiencia virtual. Allí, el Ejecutivo definirá si prorroga la tregua por otros cinco días.

La conciliación fue dictada luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores. La medida de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto y suspender tanto las cesantías como las acciones directas del gremio.

En paralelo a la negociación administrativa, el sindicato anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de “ocupación temporánea”. Se trata de un mecanismo que habilita al Estado nacional o provincial a asumir el control del directorio de una compañía en situaciones de emergencia, con el argumento de evitar daños sociales o estratégicos.

La estrategia apunta a que la provincia de Buenos Aires intervenga la empresa, en un contexto en el que el presidente Javier Milei sostuvo en reiteradas oportunidades que el Estado no debe hacerse cargo de compañías privadas.