Organizaciones sociales protestan en todo el país contra la eliminación del programa Volver al Trabajo

Este martes, un importante grupo de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) iniciaron una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país en rechazo a la eliminación del programa Volver al Trabajo y del Salario Social Complementario, una decisión del gobierno de Javier Milei que impacta directamente en miles de obreros informales, que denuncian una pérdida de ingresos de $78.000 mensuales y advierten sobre el deterioro de sus condiciones de vida.

Es preciso mencionar que, la protesta se desarrolla bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, y busca visibilizar el conflicto y cuestionar el rumbo de la política social nacional, mientras que desde las organizaciones sociales remarcan que la medida golpea de lleno a más de un millón de personas que dependen de ese ingreso para sostener sus actividades diarias, en un contexto económico que ya afectaba el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

En ese marco, desde la UTEP sostienen que la eliminación del Salario Social Complementario no debe leerse como un recorte sobre beneficiarios de asistencia, sino como una quita directa a trabajadores de la economía popular que desarrollan tareas en comedores, cooperativas y circuitos de reciclado, lo que implica un impacto estructural en el sector que realiza actividades en la informalidad y en la organización comunitaria en los barrios.

Asimismo, a través de distintos comunicados, las organizaciones advirtieron que el cambio en el esquema de actualización del ingreso, previamente desvinculado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya había generado una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos meses, por lo que la eliminación definitiva del programa Volver al Trabajo podría profundizar la crisis social en amplios sectores de la economía popular del país.

En relación al impacto económico, desde las organizaciones sociales vinculan la medida adoptada por el Gobierno nacional de Milei con un deterioro más amplio del mercado laboral, al sostener que la actual gestión habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, lo que incrementa la presión sobre la economía informal y multiplica la dependencia de estos sectores respecto de los ingresos complementarios que ahora dejarán de existir.

En esa línea, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió que la medida adoptada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, no solo afecta a quienes perciben el ingreso, sino también al circuito económico de proximidad, ya que ese dinero se volcaba directamente al consumo en comercios barriales, lo que generaba un efecto multiplicador que ahora se vería interrumpido.

Como ejemplo, desde la organización mencionaron el caso de la provincia de Chaco, donde alrededor de 45.000 trabajadores percibían este ingreso, lo que implicaba la circulación de más de $3.500 millones mensuales en la economía local, por lo que su eliminación podría traducirse en una caída del consumo de entre el 6% y el 10%, con impacto directo en la actividad comercial.

En paralelo, la jornada de protesta también se presenta como un nuevo foco de tensión con el Gobierno nacional, particularmente en relación con la aplicación del protocolo antipiquetes, ya que los cortes anunciados en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires y en distintas capitales provinciales configuran un escenario de disputa por el uso del espacio público en medio de un clima social atravesado por el ajuste y la caída de ingresos.

En la provincia de Buenos Aires, la medida adoptada por las organizaciones sociales adquiere una dimensión particular debido a la magnitud del universo alcanzado, dado que el cierre del programa Volver al Trabajo afectaría a más de 950 mil personas en todo el país, con un peso significativo en el territorio bonaerense, donde los trabajadores de la economía popular tienen una fuerte presencia territorial.

En ese contexto, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunció movilizaciones y cortes desde las primeras horas del día, incluyendo una protesta en la bajada de la autopista Buenos Aires–La Plata, un punto neurálgico de acceso a la capital bonaerense donde se prevé una alta congestión vehicular.

Además, se esperan al menos seis cortes en los principales accesos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense, entre ellos el Puente Pueyrredón, lo que refuerza el carácter estratégico de la protesta en términos de visibilidad y presión política sobre el Gobierno nacional.

Fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las organizaciones también anunciaron cortes en rutas clave del interior bonaerense, como la ruta 2 a la altura de Mar del Plata, San Nicolás, Pergamino y Bahía Blanca, lo que amplía el alcance territorial de la protesta adoptada por las organizaciones sociales.

Finalmente, desde las organizaciones sociales remarcaron que la eliminación del programa Volver al Trabajo implica el desmantelamiento de una red comunitaria construida en los barrios populares, y calificaron la decisión como un “ataque” que afecta tanto a los trabajadores como a las estructuras de contención social, al tiempo que anticiparon la continuidad de un plan de lucha progresivo si no se revierten las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional.