Rechazan que la educación sea actividad esencial

Por el ajuste de los fondos coparticipables que el gobierno limitó, muchas provincias tienen en crisis sus cuentas públicas. Esto está multiplicando los conflictos con sus trabajadores estatales, que presionan para que haya mejoras salariales acordes a la crisis de ingresos y el avance de la inflación.

En este contexto, los docentes son uno de los sectores más dinámicos, con mayores reclamos. Para frenar las protestas, en al menos dos provincias se logró frenar los paros bajo el argumento de un artículo de la reforma laboral: la esencialidad de la actividad educativa. Así se hizo en San Juan primero y Corrientes después, que pidieron a los gremios que acaten la orden de dejar un 75 por ciento de los servicios activos, lo que generó cruces y una fuerte polémica.

Ante esto, se hizo un reclamo a la justicia, que el fin de semana falló contra este artículo, permitiendo que los docentes realicen paros totales de actividades. Así lo informó la Unión Docentes Argentinos (UDA), quien presentó el pedido para que se suspenda la aplicación de la reforma laboral sobre el sector.

El fallo pone en pausa la declaración de “esencialidad del servicio educativo”, un punto central de la reciente normativa que buscaba limitar la capacidad de medidas de fuerza de los trabajadores de la educación. La dirigencia docente aseguró que esta iniciativa es parte del “laboratorio que lleva adelante el gobierno para imponer la reforma laboral”, que hoy está jaqueada por los fallos y suspensiones motorizadas por la CGT y otras entidades sindicales. 

La medida judicial no es menor: alcanza a la totalidad de los docentes del país. Con esta resolución, queda suspendida temporalmente la aplicación de la Ley 27.802 en lo que respecta a la restricción de derechos sindicales bajo el rótulo de servicio esencial.

En un comunicado, la conducción de UDA, señaló que el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente. Sergio Romero, un referente del sector educativo en la CGT, se mostró conforme tras conocerse la decisión judicial y subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en la inversión y no en el recorte de libertades.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, sostuvo el cuadro sindical. Días atrás, la Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

En línea con los fallos que en los últimos días suspendieron artículos clave de la reforma laboral del presidente Javier Milei, la Justicia suspendió ahora su aplicación en el sector educativo, en particular, el apartado que limitaba el derecho a huelga de los gremios docentes. Ya son por lo menos cinco los fallos que frenan la implementación de distintas partes de la iniciativa del gobierno.

Para el dirigente, la prioridad del Gobierno debe estar focalizada en mejorar los salarios en lugar de avanzar sobre herramientas que tienen los gremios para protestar y alcanzar esas demandas.

El fallo se conoce apenas dos días después de otra resolución de la Justicia laboral, con la que se suspendieron 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno, también a partir de una medida cautelar presentada por la CGT. El lunes pasado, la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una cautelar presentada por la CGT y ordenó la suspensión provisoria de una parte sustancial de la reforma, al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables si la norma entra plenamente en vigencia. 

Para distintos dirigentes sindicales, el episodio ocurrido en San Juan y luego en Corrientes constituye una de las primeras consecuencias concretas de la nueva legislación laboral y podría extenderse a otros conflictos gremiales en el país. Una fuente del sector reconoció ante Política del Sur que “la reforma y la esencialidad de la educación rigen en todo el país”, por lo menos hasta antes de estos fallos.

Por eso, agregó, es clave lo que ocurra en los tribunales respecto de la impugnación de la norma y de sus artículos más polémicos. “El primer laboratorio de la reforma laboral se inauguró en San Juan con los docentes”, agregó la misma fuente, que destacó el fallo que permite realizar nuevamente paros totales. Para la misma fuente, la decisión adoptada por el gobierno provincial “es inconstitucional, en tanto desconoce la negociación colectiva como derecho protegido, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones gremiales, así como la garantía de condiciones laborales dignas”.

En San Juan, los gremios avanzarán con una impugnación y un recurso administrativo contra la resolución del subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, quien es el cerebro de la idea de aplicar la reforma laboral. Para que el tema tenga impacto en todo el territorio, sin embargo, la estrategia deberá consolidarse también a nivel nacional.

En esa línea, la CGT ya presentó recursos judiciales contra distintos artículos de la reforma laboral, apoyándose en antecedentes en los que la Corte Suprema declaró inconstitucionales normas similares, como ocurrió durante la presidencia de Fernando de la Rúa. El fallo, dictado en el marco de una acción colectiva contra el Estado Nacional, no resuelve aún el fondo de la cuestión, pero sí establece un freno inmediato a la aplicación de numerosos artículos hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La central obrera había planteado que la reforma implica una regresión en derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución. Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.

Por último, Romero no sólo defendió el derecho a huelga, sino también apuntó hacia los bajos recursos que los gobiernos nacional y provinciales invierten en educación. "La judicializamos (a la reforma laboral) porque creemos que el Gobierno tiene que tener una mirada sobre la esencialidad del otro punto de vista, no tener docentes acumulados en un aula con salarios bajos, con infraestructura escolar deficiente y con todo un sistema educativo puesto en crisis".

“Cuando usan la palabra esencial para garantizar una presencia en las unidades escolares sin el respaldo y la responsabilidad que debe asumir el Estado Nacional, entonces hace que los trabajadores encaminemos nuestra mirada, nuestra lucha histórica en defensa de una educación de calidad”, advirtió.

Tras la holgada media sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT dio por perdida la batalla en el Congreso y apuntó sus cañones a la Justicia. El Gobierno nunca los había convocado para discutir el proyecto, a pesar de los reiterados pedidos de la central, y la mayoría de los gobernadores tampoco tuvieron en cuenta las objeciones sindicales.

La ley tuvo apoyo político, pero fue rechazado por todo el mundo gremial. “Esta reforma laboral salió mezquina, sin consenso. Uno sabe cómo funciona el Congreso. Y lo digo con respeto. Salió una ley forzada que realmente está dañando el sistema educativo y la rica historia que tiene el movimiento de lo argentino", criticó Romero.

A pesar de los cuestionamientos, Romero no cierra las puertas a un nuevo diálogo. "Nosotros mantenemos diálogo, pero ese diálogo debe ser propicio para enriquecer el sistema educativo y no para que pierda el valor", afirmó. "El sistema educativo es algo esencial en cualquier comunidad, cualquier país del mundo tiene como primero la agenda de gestionar la educación. Ya no está pasando esto, es decir, son ataques sistemáticos contra el sistema educativo", advirtió.

Si bien el Gobierno anticipó que apelará el fallo, la discusión sobre el artículo 101 de la reforma laboral seguirá por un largo camino hasta, posiblemente, llegar a la Corte Suprema. El tiempo de resolución es imposible de calcular. Mucho dependerá de los vaivenes políticos. Lo que sí es seguro es que la educación seguirá en debate por el proyecto de ley de Libertad Educativa que está preparando el oficialismo.