Sufrió bullying durante años, dejó de salir de su casa y ahora la Justicia condenó al Estado por no intervenir

J. tenía 13 años cuando le pegaban cachetazos en la cabeza mientras estaba sentado en clase. Lo escupían. Lo empujaban en los pasillos. Lo filmaban con el celular cuando intentaba defenderse. Le decían “traga” por estudiar y sacar excelentes notas.

Una tarde de septiembre de 2011, durante una clase en la escuela de la ciudad bonaerense a la que asistía, un compañero le arrojó un borrador que le pegó de lleno en la cara. Según reconstruyó después la Justicia, el profesor apenas le preguntó si quería ir al baño a mojarse la cara y siguió dando la clase.

Con el tiempo llegaron el aislamiento, el miedo a volver a la escuela, el encierro, la depresión y la fobia social.

En 2014, su familia recurrió a la Justicia y más de 10 años después, un fallo condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización de unos 19 millones de pesos (más intereses y actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC) por no haber intervenido a tiempo frente a una situación de bullying que, según sostuvo el juzgado, fue minimizada y naturalizada por las autoridades escolares.

¿Qué resolvió la Justicia? El Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Mercedes concluyó que existieron años de hostigamiento escolar y que las respuestas institucionales fueron insuficientes para proteger al adolescente.

La sentencia también cuestiona que, frente a los pedidos de ayuda de la familia, la principal respuesta fue cambiar al alumno de turno o de escuela en lugar de intervenir sobre el grupo. Para el juzgado, eso implicó una forma de revictimización.

¿Por qué el fallo puede marcar un antecedente? En los últimos meses, distintos fallos judiciales comenzaron a incorporar una mirada más amplia sobre el bullying, entendiendo que se trata de situaciones que pueden tener consecuencias severas en la salud mental de niños y adolescentes cuando no hay intervención temprana.

Aunque existen antecedentes de demandas civiles por violencia escolar, especialistas consultados señalan que todavía son poco frecuentes los fallos que responsabilizan de manera tan directa al Estado por no haber actuado frente a situaciones de hostigamiento sostenido.

¿Qué le hacían a J.? Según el expediente judicial, el hostigamiento comenzó cuando J. ingresó a esa escuela en 2011. Sus padres describieron agresiones físicas y verbales constantes por parte de compañeros que lo cargaban por estudiar, sacar buenas notas y no sumarse a “hacer lío”.

Con el tiempo, las agresiones se volvieron cotidianas:

    empujones,

    golpes desde atrás,

    cachetazos en la cabeza,

    escupitajos,

    insultos,

    amenazas,

    burlas,

    humillaciones frente al grupo,

    y filmaciones con celulares mientras era agredido.

Un excompañero declaró en la causa que a J. “lo volvían loco” y que sufría “mucha discriminación” por ser “un chico grandote y muy estudioso”.

¿Por qué el fallo habla de “naturalización” de las agresiones? En el expediente se hace un recuento de los registros escolares.

    En un informe interno, la preceptora describió los golpes y la violencia entre alumnos como “juegos instalados” dentro del grupo.

Para la Justicia, ese tipo de respuestas muestran cómo situaciones de violencia entre pares pueden terminar siendo minimizadas o interpretadas como simples “cosas de chicos”.

El fallo sostiene que las autoridades educativas conocían lo que ocurría y que, aun así, las intervenciones no lograron evitar que el deterioro en la salud mental del adolescente se profundizara.

¿Cómo impactó el bullying en su salud mental? J. comenzó a presentar síntomas depresivos, insomnio, llanto frecuente, aislamiento y miedo a asistir a la escuela.

    En 2012 una psicóloga diagnosticó un “trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo con sintomatología de evitación fóbico-social”.

    Con el tiempo, debió abandonar la cursada presencial y continuar la escuela desde su casa. También recibió tratamiento psiquiátrico.

Según relató la familia en el expediente, un especialista llegó a advertir que el joven no debía permanecer solo por riesgo de autolesionarse.

El aislamiento fue cada vez mayor. El expediente describe que dejó de salir, aumentó abruptamente de peso y atravesó largos períodos de encierro y angustia.

¿Qué planteó la Provincia de Buenos Aires en el caso de J.? La Dirección General de Cultura y Educación negó haber actuado de manera negligente y sostuvo que no existió una situación de bullying sistemático, sino “hechos aislados”.

También argumentó que J. tenía una “patología de base” vinculada a fobia social y trastornos depresivos, y que las dificultades de adaptación persistieron incluso después de cambiar de curso y de escuela.

Según la defensa estatal, las autoridades escolares implementaron distintas estrategias de acompañamiento pedagógico y contención institucional. Sin embargo, la Justicia desestimó esos argumentos.

El fallo del juzgado de Mercedes pone el foco justamente en lo que ocurre cuando los adultos minimizan el bullying, lo interpretan como “cosas de chicos” o no logran intervenir a tiempo. Según plantea la sentencia, el daño no apareció por un único episodio aislado, sino por la acumulación cotidiana de situaciones de violencia que terminaron deteriorando la salud mental de un adolescente mientras la escuela seguía funcionando con aparente normalidad.