En ese sentido, el secretario general de la AJB, Hugo Rosso, junto al de Investigación y Capacitación, Marcelo De Gori, realizaron una presentación en la que señalan que, a pesar de la última legislación sobre el Impuesto a las Ganancias, hay un grupo de trabajadores “con niveles salariales intermedios”, que quedaron excluidos y volvieron a pagar el tributo.

“Este mes, algunos compañeros que ingresaron al poder judicial después del 1° de enero de 2017, recibieron un descuento por el Impuesto a las Ganancias”, detalló De Gori en diálogo con Diputados Bonaerenses, que luego agregó que “en el recibo de sueldo apareció este descuento como ‘Impuesto 2024’”, de manera que solicitaron respuestas ante la Suprema Corte.

De esa manera, los judiciales provinciales señalaron que, este grupo de trabajadores y funcionarios, quedaron “excluidos de la Ley 27.725, Impuesto Cedular sobre los mayores ingresos, para trabajadores en relación de dependencia”, el régimen aprobado en octubre de 2023 que subió el mínimo imponible y dejó exentos de pagar el tributo a miles de personas.

Así, el gremio pidió que se modifique la Acordada 436/19, de manera que “se considere para el cálculo del salario bruto, sobre el cual se debe aplicar el Impuesto a las Ganancias, solamente el ítem del Salario Básico” y que los judiciales de la provincia que ingresaron en 2017 también sean excluidos.

En ese sentido, los judiciales señalaron que, si no se realizan las modificaciones que solicitan, “cada vez que se incremente el salario en las futuras negociaciones paritarias, más empleados y funcionarios judiciales pasarán a pagar el Impuesto a las Ganancias con montos más altos, aunque su salario neto se encuentre cercano a la canasta básica”.

De esta manera, De Gori, explicó que la ley 27.725 estableció un régimen distinto al general de Ganancias, en el que detalla que sólo pagarían el tributo aquellos trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, a los que se les pagara más de 180 salarios mínimos, vitales y móviles al año, a partir de enero de 2024.

“Por un error al redactar esta ley, quedaron afuera todos los empleados y funcionarios judiciales que entraron al poder judicial de la nación y las provincias después del 1° de enero de 2017”, afirmó el secretario de la Asociación Judicial bonaerense.

En este sentido, De Gori le informó a este medio que al no estar reglamentada la ley que perjudica a los trabajadores judiciales, desde la Asociación tienen planificado influir en la reglamentación o presentar un proyecto de ley o hacer un juicio por discriminación. Por lo que la presentación que se hizo ante la Corte es el primer paso de una lucha que enfrentan.