El pedido de desafuero se centra en la senadora bonaerense Flavia Delmonte (UCR) y llegó a la Cámara alta días atrás, firmado por el juez de Garantías de Dolores, David Leopoldo Mancinelli, basado en la investigación que impulsa el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Flores.

Mancinelli, quien subroga al juez Diego Olivera Zapiola, consideró que para avanzar con la investigación criminal resulta necesario que el Senado le retire los fueros a Delmonte, que debería presentarse en los tribunales de Dolores junto a dos de sus máximos colaboradores, quienes también se encuentran bajo sospecha: Kevin Alan Razimoff, quien se desempeñaría como asesor, y Gonzalo Torrijo Fuertes, empleado.

El fiscal Pérez busca indagar a Delmonte, Razimoff y Torrijo Fuertes como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública, y requirió citar a declaración informativa a otras cinco personas, para luego determinar si continúan como testigos o si debe, por el contrario, encuadrarlos como miembros del presunto entramado delictivo que desfalcó las arcas públicas.

La investigación se inició en 2021, es decir, antes de que estallara el escándalo protagonizado por Julio “Chocolate” Rigau, aunque registra similitudes notables. La senadora Delmonte, a través de sus colaboradores, habría montado una red de prestanombres y “ñoquis” a los que designaba como empleados y accedían a obra social y aportes jubilatorios, pero debían entregarle parte o todo de sus salarios, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público bonaerense.

¿Quiénes serían esos presuntos “ñoquis” y prestanombres? Incluiría, en un listado inicial, a un comerciante radicado en Pinamar, a una vecina oriunda de Punta Lara, a un abogado y a un maestro mayor de obras domiciliados en Mar del Tuyú, y a una concejal de Mar del Plata, también por el radicalismo.

Así, para la fiscalía, tanto Delmonte como Razimoff y Torrijo Fuertes habrían desplegado “maniobras encaminadas a perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistentes en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no estaban cumpliendo con sus funciones”.

La senadora dijo que quien denunció el caso ante la fiscalía fue una “excolaboradora” suya, que es “hermana de crianza” de su exesposo y sostuvo que todo obedece a un conflicto relacionado con su divorcio y que el objetivo es perjudicarla políticamente. “Resulta curioso que esta denuncia ingresa unos días antes del armado de listas, donde me presenté para renovar mi banca en el Senado y no creo que esto sea precisamente una casualidad”, dijo.

Delmonte afirmó: “Las personas que se encuentran mencionadas y citadas a prestar declaración son personas honestas y de bien, que fueron y algunos aun son parte de mi equipo de trabajo y de militancia, demás está decir que ninguno es “ñoqui”. Otros han sido colaboradores técnicos en el rol que me toca desempeñar como autoridad de una Comisión o trabajan en el territorio, y otros ni siquiera formaron parte del despacho”.

La senadora afirmó que demostrará en la Justicia que no existió un delito y que, luego, iniciará “las acciones correspondientes” contra quienes -según ella- la están “calumniando e injuriando”.

En efecto, la fiscalía reconstruyó parte del entramado que se investiga a partir de la denuncia que presentó la excuñada de la senadora Delmonte, Yanina Arce, quien relató que aceptó figurar como empleada entre 2019 y 2020, cuando cobró $10.000 por mes y entregó el resto de su salario –cerca de $90.000, monto que luego aumentó- a cambio de los aportes previsionales y la obra social, en momentos en que afrontaba problemas de salud.

A partir de la denuncia, los investigadores requirieron información al Banco Provincia (BaPro) y se abocaron a reconstruir los movimientos de dinero, como también desarrollaron análisis contables e informáticos que permitieron desentrañar que parte de la operatoria se gestaba desde las computadoras del despacho de la senadora Delmonte.

La pesquisa afrontó, sin embargo, múltiples escollos. Entre ellos, la reticencia de la Cámara de Senadores a informarle a la fiscalía cuántos empleados y asesores trabajan en el despacho de la senadora Delmonte, en tanto que el Banco Provincia también se mostró poco dispuesto a entregar información.

Similares reticencias afrontó la fiscal Betina Lacki, a cargo de investigar la presunta asociación ilícita que integrarían “Chocolate” Rigau junto a Claudio y Facundo Albini –vinculados al Frente Renovador y Unión por la Patria-, para defraudar al Estado bonaerense por al menos $800 millones durante los últimos años. Debió librar múltiples requerimientos, tanto a la Cámara de Diputados bonaerense como al BaPro, para que le entregaran información.

No es la única coincidencia. Al igual que en la pesquisa que lidera la fiscal Lacki, quien consiguió la prisión preventiva de los Albini, los colaboradores de la senadora Delmonte también podrían terminar en una celda tras ser escuchados en indagatoria. Por ese motivo, consta en el expediente un pedido para prohibirle a Razimoff salir del país, ya que tendría previsto viajar a Europa en las próximas semanas.

Oriunda del Partido de la Costa, en tanto, la senadora Delmonte acumula turbulencias vinculadas al manejo de fondos públicos y financiamiento electoral. En 2019, por ejemplo, fue acusada de entregar subsidios de $200.000 a políticos, vecinos de su distrito y allegados, en tanto que en 2015, cuando se postuló a concejal, se la vinculó a la lista de “aportantes truchos” a la campaña de Cambiemos.

Ahora, la investigación criminal saca a la luz el presunto rol de una senadora en un esquema de desvío de fondos, que se suma, también en el Senado bonaerense, a la condena a 4 años de prisión de Antonio Armando Nieto (senador primero de Unión Pro y luego por Unión Celeste y Blanco), y al rol de los “chocolates” de Pro-UCR en el Senado provincial, Hugo Muguerza y Josefina Ortellado.