“El Estado provincial necesita urgentemente ampliar y mejorar su capacidad carcelaria y con esta alternativa podrá hacerlo de manera transparente y expeditiva”, anunció el diputado bonaerense oriundo de Mar del Plata.

En ese sentido, el proyecto de ley de Castello propone que el Estado bonaerense pueda licitar y/o concesionar total o parcialmente a operadores privados para que construyan, modifiquen, operen o administren cárceles en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Castello indica que los presos que cumplan su condena en las cárceles privadas “gozarán de los mismos derechos y garantías que aquellos alojados en Unidades Penitenciarias Públicas”.

Vale aclarar que, esta propuesta ya había ingresado en la Legislatura bonaerense en el pasado diciembre, pero Castello la reflotó esta semana. El mismo, también exige que los trabajadores de las cárceles privadas queden “exentos” ante cualquier “reclamo de índole laboral, social, previsional o siniestral” del Gobierno provincial.

“Los operadores privados deberán proporcionar informes periódicos y públicos sobre su funcionamiento, incluyendo datos sobre la población carcelaria, condiciones de vida, programas de rehabilitación y todo cuanto determine la autoridad de aplicación y/o los pliegos de bases condiciones”, remarcó Castello en su iniciativa.

Por último, el legislador bonaerense señaló que la autoridad de aplicación deberá supervisar “en forma continua y sin restricciones” tanto el cumplimento de las condiciones laborales establecidas, como así también tendrá que realizar una evaluación periódica de la efectividad y eficiencia de las cárceles privadas en comparación con las unidades penitenciarias estatales.