Entre otros puntos se lo despide por “injuria gravísima”. La Justicia investiga un negocio multimillonario en coberturas de préstamos otorgados a jubilados y pensionados con fondos del organismo previsional.

La carta documento de ceses de actividades en el organismo estatal dice lo siguiente: “A la luz de los elementos de juicio obrantes en auto, esta instrucción propicia dar un cierre parcial a la presente investigación sumarial, entendiendo que la conducta desplegada por el agente Federico D’Angelo Campos configura un comportamiento susceptible de reproche disciplinario”.

Y agrega: “La gravedad institucional puesta de manifiesto tanto en la denuncia penal formulada por este organismo, como la que se vislumbra de la prueba agregada a este sumario, con más la conducta irregular desplegada por el sumariado, me compelen a propiciar la extinción de la relación de empleo por despido con justa causa”, agrega el documento.

D’Angelo Campos fue reelegido en Quilmes el año pasado y milita en el Peronismo Renovador que lidera Sergio Massa. Es hijo de Amadeo D`Angelo, ex comisario policial de la provincia de Buenos Aires,

LA ACUSACIÓN CONTRA FEDERICO D’ANGELO CAMPOS. D’Angelo Campos fue denunciado por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

D’Angelo quedó en la mira de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y el 29 de febrero pasado lo denunció ante la Justicia. Lo mismo hicieron el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres.

Sostienen que desde su cargo en el FGS, D’Angelo en mayo del año pasado firmó una nota que le ordenó a la compañía estatal “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”. Así, de manera unilateral, le habría garantizado un negocio a ambas compañías.

Para colmo, la nota estaba firmada de puño y letra y fue enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE). Eso destapó la olla y el juez federal Julián Ercolini, que investiga el escándalo de los seguros, puso especial atención en esas empresas. Según la investigación publicada por Infobae, en abril, San Ignacio y TG Brokers tuvieron una súbita facturación el año pasado: ambas cobraron 168.179.326 pesos de la ANSeS.