En ese sentido, el presidente de CARBAP puntualizó que los reclamos por el aumento del Inmobiliario Rural por encima de lo contemplado en la Ley Impositiva aprobada en diciembre pasado fueron “efectuados oportunamente” en reuniones con Kicillof y con el bloque de legisladores oficialistas, quienes recibieron el compromiso de una corrección hacia el sector.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, Kovarsky sostuvo que en la reunión efectuada en Gobernación con la Mesa de Enlace, las autoridades provinciales reconocieron que la nueva manera de evaluar el tributo provocó “un impacto fuertísimo”, puesto que se sumaba en la boleta el impuesto complementario y “expresaron que iban a hacer una evaluación”.

“Nunca nos contestaron y nunca hubo una propuesta de parte del Ejecutivo. Lo único que nos queda es pensar en el impacto que va a tener el nuevo proyecto de Ley Impositiva que va a ser para el 2025. La verdad, no entendemos la voracidad del Ejecutivo provincial para hacer caja”, afirmó el dirigente rural.

Ante los reclamos, el gobierno de Kicillof decidió en mayo no actualizar el valor de la segunda cuota del Inmobiliario Rural, como así también establecer una línea de crédito para la siembra de trigo. No obstante, desde CARBAP reclamaron días atrás que la boleta de la cuarta cuota, con vencimiento en noviembre, comenzaron a llegar con valores que duplicaban la cuota anterior.

“Desde CARBAP rechazamos este indiscriminado aumento y hacemos un llamado a los legisladores provinciales que han votado una Ley Impositiva cuyas inconsistencias fueron oportunamente advertidas por nuestra entidad y otras de la mesa de enlace provincial, haciendo caso omiso de las mismas, y permitiendo un claro abuso”, afirmaron desde la entidad mediante un comunicado.

Cabe destacar que, los dirigentes de la Mesa de Enlace bonaerense tuvieron este año un cara a cara con legisladores de distintas bancadas, incluido el oficialismo, en donde las confederaciones pidieron revertir el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural, que afirman superó ampliamente el tope del 200% que impuso la oposición durante las negociaciones de la Ley Impositiva.

En el cónclave, los referentes agropecuarios solicitaron derogar el artículo 137 de la Ley Impositiva 2024, que contempla la posibilidad de realizar la actualización de las cuotas 2, 3 y 4, igual situación con el artículo 139 que incluye una cuota adicional del Impuesto Inmobiliario Rural para aquellos contribuyentes con bases imponibles superiores a $39.096.756 y “atenuar y limitar el aumento del impuesto sobre las bases imponibles más altas que no superen el 220%”.

“De parte de los bloques opositores, pidieron disculpas por la manera en que salió votada la Ley Impositiva 2024, y de parte del arco oficial nos dijeron que entendían el reclamo y que iban a tratar de trabajar sobre una propuesta de mejora en la ley fiscal impositiva. Nunca más nos volvieron a llamar”, precisó el referente de CARBAP a este medio.

En paralelo al reclamo por el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural y del complementario, desde CARBAP también pidieron a los legisladores del arco opositor que se tomen “el tiempo necesario” para trabajar la Ley Fiscal y así evitar “nuevas sorpresas” que afecten a los productores.

Por otra parte, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, apuntó contra la intención del gobierno de Kicillof de interferir en la comercialización de granos en el Puerto Quequén en el marco del proceso licitatorio para la concesión de la terminal que opera en el lugar.

Según precisaron desde el Ejecutivo bonaerense, con el vencimiento de la prórroga de la concesión de la Terminal Quequén S.A, que tendrá lugar en noviembre, comenzaron las negociaciones por el nuevo contrato, en la que Kicillof afirmó recientemente que buscará avanzar con el esquema de beneficios para los pequeños productores a través de un sistema de derechos de uso del elevador de granos.

“Si yo reúno los requisitos que me piden para exportar y pido un turno en el Puerto Quequén puedo exportar. Por lo tanto, es mentira que necesitamos a la provincia de Buenos Aires como pequeños productores para exportar”, expresó Kovarsky.

En esa línea, el titular de CARBAP sostuvo que la reunión llevada a cabo por Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, con los dirigentes de la Mesa Agroalimentaria Nacional no fue “representativa del reclamo real que tienen los productores de la Provincia”. “Convocaron y escucharon a sectores afines al Gobierno”, indicó.

“Jamás una intervención del Estado como ha habido en otras oportunidades puede dar transparencia al funcionamiento y menos eficiencia. Para esto hay organismos que se dedican como es la defensa de la competencia”, concluyó Kovarsky, con relación a la terminal de granos del Puerto Quequén.

En este marco, la renovación de la licitación de la Terminal Quequén S.A. generó tensiones dentro del directorio del Consorcio de Gestión, integrado por Jimena López, única representante del gobierno provincial, y ocho miembros que incluyen, entre otros, representantes gremiales, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).