La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, encargada de implementar esta resolución, comenzará con la primera etapa en las jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.

La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial y establece que todos los empleados públicos de la Administración Pública Nacional que trabajen en las zonas mencionadas estarán obligados a realizar la evaluación.

No obstante, aquellas personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarán exceptuadas temporalmente hasta que se implementen mecanismos de accesibilidad adecuados.

La resolución se enmarca en la Ley N.º 27.742, que promueve la transparencia, eficiencia y calidad en la gestión pública, además de reducir el sobredimensionamiento estructural del Estado.

Según el Gobierno, “esta medida marca un avance en la profesionalización del empleo público y responde a la necesidad de construir un Estado más ágil y eficiente”.

Estas pruebas estarán destinadas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y busquen renovar sus contratos, o a las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez. De todos modos, la inscripción permanecerá abierta todo el año.

La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante. Es decir, el buen rendimiento no implica que una persona va a quedar contratada. Pero así como se necesita comprobar que quienes entran a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será requisito de ingreso.

El test tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como “servicios generales” (para puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros). Las preguntas estarán apuntadas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.

El formato será anónimo, tendrá entre 20 y 24 preguntas multiple-choice, durará una hora y se realizará de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres chances para aprobar.

De todos modos, habrá algunas excepciones. Quienes no deben realizar el examen serán los trabajadores de planta permanente, quienes residan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuenten con un certificado de discapacidad.

“El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente”, explican en despachos oficiales. Y aclaran: “Es una primera vara para construir un Estado más profesional. Nadie se va a quedar sin contrato porque no tuvo la oportunidad de rendirlo tres veces”.

Entre las distintas medidas que tomó el Gobierno para avanzar en su plan de reducción de gastos, una de las que mayor impacto generó fue el ajuste sobre los empleos en la administración pública.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre. Es decir, que hubo una reducción del 10,48% del total de la planta o 35.785 puestos de trabajo.

Los recortes se registraron en todas las dependencias públicas. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de toda la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- se eliminaron 23.457 puestos laborales en los primeros 10 meses de 2024.

En tanto, la dotación de personal de las empresas y sociedades que funcionan bajo la órbita del Estado tuvo un ajuste de 12.328 puestos de trabajo. En concreto, pasaron de 110.168 personas en diciembre de 2023 a 97.840 trabajadores en octubre.