Arata criticó el ajuste sobre las universidades: “Vulneran derechos de trabajadores y estudiantes”

La senadora bonaerense de Fuerza Patria Valeria Arata presentó un proyecto para declarar su preocupación ante la “situación crítica” que atraviesan las universidades nacionales como así también su “enérgico repudio” a la decisión del gobierno de Javier Milei de incumplir la Ley de Financiamiento que, pese a ser sancionada por el Congreso en 2025, aún no fue aplicada por Casa Rosada.

En ese sentido, la iniciativa de Arata insta al Ejecutivo nacional “a dar efectivo e inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, como así también que garantice la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

“El incumplimiento de la ley tiene consecuencias directas, concretas y gravísimas sobre el funcionamiento del sistema universitario público. Las universidades nacionales atraviesan una etapa de supervivencia institucional, en la que apenas logran sostener la actividad académica básica para no perjudicar a sus estudiantes”, puntualizó la legisladora massista.

Es preciso mencionar que, la negativa de Milei de reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario provocó una serie de protestas en el inicio del ciclo lectivo 2026, con varias jornadas de paro convocada por los gremios. Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordenó al Estado dar cumplimiento inmediato, al menos en los artículos referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente.

En contrapartida, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ante el vencimiento del plazo que le otorgó la Justicia para aplicar la normativa. En el documento, la gestión de Milei manifestó que la reglamentación “no precisa las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”.

En ese marco, Arata sostuvo que la necesidad de recurrir a la vía judicial para obtener la aplicación de la ley “configura una situación institucional de extrema gravedad”. “No solo se incumple una obligación legal impuesta por el Congreso de la Nación, sino que además se compromete el principio de legalidad y se vulneran derechos de trabajadores y estudiantes”, cuestionó.

“La universidad pública constituye una herramienta central de movilidad social ascendente, producción de conocimiento, formación profesional, investigación científica y vinculación territorial. En particular, para la provincia de Buenos Aires, el deterioro presupuestario implica una afectación concreta a comunidades educativas enteras, a economías regionales y al entramado científico, cultural y productivo”, añadió la senadora bonaerense.

En el caso de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia (UNNOBA), su rector, Guillermo Tamarit, describió un panorama alarmante al señalar que, en lo que va de la actual gestión nacional, los trabajadores del sector han perdido un poder adquisitivo equivalente a siete salarios, mientras que el retraso presupuestario en gastos de funcionamiento representa una pérdida de nueve meses de recursos operativos.

En detalle, la Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente. El mecanismo previsto fija un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, la legislación aprobada en el Congreso también contempla la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.