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POLÍTICA

Berni aseguró que la baja de imputabilidad “no resuelve nada”

El senador Sergio Berni rechazó la baja de imputabilidad incluida en el Régimen Penal Juvenil y advirtió que puede generar conflictos jurídicos.

13 de Febrero de 2026

El exministro de Seguridad provincial y actual senador bonaerense, Sergio Berni, cuestionó la media sanción al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El exfuncionario de Axel Kicillof sostuvo que la iniciativa “no resuelve nada y solo agrava la situación”, al tiempo que planteó que el delito debe analizarse desde un enfoque distinto.

 

En primer lugar, Berni afirmó que la normativa aprobada en la Cámara de Diputados “es totalmente arbitraria” y cuestionó la decisión del Congreso. “Nadie, absolutamente nadie, de los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo el legislador bonaerense.

 

El dirigente provincial también rechazó el argumento del oficialismo nacional que vincula la pena con la edad del autor del hecho y cuestionó el eslogan “a delitos de adulto, penas de adulto”. En ese sentido, Berni sostuvo que el delito no tiene edad y afirmó que toda persona que incurre en un hecho penal debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

 

“Argentina está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra”, remarcó Berni.

 

En la misma línea, el extitular de Seguridad sostuvo que la imputabilidad debe ponderar la capacidad real de una persona para afrontar un proceso penal justo, y precisó que tanto la Constitución, como el Código Penal fijan como finalidad la resocialización, motivo por el cual defendió la evaluación caso por caso.

 

Ante este panorama, Berni sostuvo que la decisión legislativa “no tiene propósito alguno” y que se trata de “un anuncio rimbombante” por parte de la gestión de Javier Milei. Al mismo tiempo, el representante de Fuerza Patria cuestionó que el proyecto no contemple mecanismos, presupuesto ni espacios concretos para avanzar en la reinserción social de los jóvenes.

 

Durante la entrevista, el exministro también recordó el crimen de Kim Gómez, ocurrido hace un año en La Plata, y vinculó el debate con ese antecedente. “Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”, expresó.

 

Finalmente, Berni lanzó una advertencia sobre las consecuencias jurídicas y operativas de la norma y sostuvo que, tal como se está tratando, la ley podría entrar en conflicto con distintas legislaciones provinciales e incluso podría ser declarada inconstitucional.

 

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El oficialismo logró 149 votos a favor y 100 en contra, tras una sesión atravesada por otros debates clave.

 

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa oficial y sostuvo que el Estado debe asumir un rol activo frente al avance del delito. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó el legislador libertario.

 

El proyecto del Ejecutivo nacional fijó finalmente la edad en 14 años luego de descartar la propuesta inicial que la ubicaba en 13. La bancada libertaria revalidó el dictamen firmado el 6 de mayo del año pasado, que reduce las penas máximas de 20 a 15 años. e incorpora modalidades como prisión domiciliaria, tareas comunitarias e inhabilitación para conducir.

 

Por último, el texto contempla sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos con penas menores a tres años y prioriza medidas con un enfoque socioeducativo en casos intermedios. Además, el articulado asigna más de $20 mil millones a la Defensoría General y más de $3 mil millones al Ministerio de Justicia para la implementación del nuevo régimen.

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