La Corte bonaerense acordó con en el Ministerio de Seguridad mayor custodia en edificios judiciales

La Suprema Corte de Justicia bonaerense acordó con el Ministerio de Seguridad de Javier Alonso reforzar la custodia en edificios judiciales tras el ataque al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín. La presidenta del máximo tribunal, Hilda Kogan, se reunió con el ministro provincial para avanzar en un convenio que establezca un protocolo formal de asignación de personal policial.

El encuentro se produjo luego del intento de copamiento al edificio judicial de zona norte por parte de una banda narco, episodio que incluyó amenazas contra trabajadores y contra el magistrado a cargo de esa dependencia, Nicolás Schiavo.

A partir del hecho, la Suprema Corte bonaerense y la cartera de Seguridad, resolvieron poner en marcha un esquema de cooperación institucional. Las partes acordaron elaborar un protocolo que regule la asignación de efectivos policiales para custodiar las estructuras donde cumplen funciones los integrantes del Poder Judicial.

“Lo que se va a establecer de manera conjunta y coordinada son las pautas para formalizar requerimientos y la asignación de personal policial para la prestación de custodia y seguridad en los edificios donde funcionan las distintas dependencias de la Administración de Justicia del Poder Judicial provincial”, señalaron fuentes oficiales de la Suprema Corte bonaerense.

En tanto, la reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos del máximo tribunal y contó con la presencia de los jueces Sergio Torres y Daniel Soria. Además, participaron el jefe de la Policía bonaerense, Javier Carlos Villar, y el titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Matías Rappazzo.

En la mesa de trabajo también participaron el responsable de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz, y los funcionarios de la Suprema Corte, Amós Grajales, Matías Álvarez y Néstor Trabucco. Los presentes evaluaron los alcances del convenio entre ambos poderes, y establecieron los criterios que regirán su implementación.

Vale precisar que el acuerdo establece que el servicio de custodia en edificios judiciales podrá extenderse, de forma excepcional, a otros ámbitos cuando un magistrado así lo disponga por razones de seguridad vinculadas a la actividad judicial. Esta previsión incluye casos como audiencias de debate o producción de prueba, fuera de la sede del órgano jurisdiccional.

Para poner en marcha el acuerdo, la Suprema Corte asumió el compromiso de “concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad” y remitirlos al Ministerio de Seguridad por las vías que establezca el protocolo. A su vez, la cartera provincial analizará los fundamentos de cada solicitud, y definirá cómo se prestará el servicio.

El intento de copamiento al juzgado de San Martín no solo activó un refuerzo en la custodia judicial, sino que también expuso tensiones entre el negocio narco y el fuero provincial. El episodio se vinculó con la detención de once sospechosos en Villa Loyola, ocho de los cuales quedaron bajo la órbita del juez Nicolás Schiavo.

Los detenidos, con edades entre 13 y 24 años, fueron arrestados el 23 de enero en un operativo en Avenida de los Constituyentes al 2300. Según reza el reporte policial, los efectivos incautaron más de 120 municiones, un fusil calibre 12/70, una pistola de 9 milímetros, chalecos antibalas y una motocicleta.

Diversas versiones señalaron que los manifestantes responderían a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, uno de los principales referentes narco de San Martín y rival histórico de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Sin embargo, fuentes judiciales federales indicaron que no existen pruebas concluyentes que acrediten un vínculo directo.

El trasfondo también expuso una disputa más amplia vinculada a la desfederalización de las causas por narcomenudeo, que dejó en manos del fuero provincial investigaciones complejas sin transferencia proporcional de recursos. En ese contexto, el incidente agitó el delicado equilibrio de poder en el distrito y abrió interrogantes sobre la capacidad operativa de los juzgados ante organizaciones criminales de mayor escala.