Tras un debate caliente, Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados le dio este jueves media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto impulsado por el oficialismo. El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora pasará al Senado.

La Libertad Avanza llegó al debate con impulso político. Venía de la sanción en el Senado de la Reforma Laboral y avanzó en Diputados con dos ejes: el nuevo Régimen Penal Juvenil y ahora se debate el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Más temprano en el recinto estuvo Romina Monzón, mamá de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes de 14, 15 y 16 años en Santo Tomé, Santa Fe, el 18 de diciembre de 2025.

Romina siguió el debate desde el Congreso. Fue recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem; por la diputada Valentina Ravera; y por otros legisladores del oficialismo, tanto en la previa como durante la sesión.

Romina estuvo acompañada por su hermana Virginia y por su equipo de abogados, integrado por Bruno Rugna, Diego Martini y Agustín Camussi. “Es un día histórico”. Y agregó que “es increíble que se sigan acumulando víctimas” y que durante tanto tiempo se haya evitado discutir una ley que, según planteó, tiene 45 años.

Cuestionó que los responsables del crimen de su hijo sigan libres y que, a su entender, la normativa actual “solamente le da garantías a los asesinos”. También destacó que el proyecto pone el foco en las víctimas.

“Si este proyecto no se sanciona, el delincuente desde el minuto uno que decide ser delincuente tiene todas las garantías. Se lo cuida, se lo traslada, se lo alimenta, se le da un abogado. Las víctimas quedan completamente desprotegidas”, afirmó. Y concluyó: “Por eso es un día histórico”.

Los familiares de Jeremías estuvieron junto a otras víctimas de delitos. Entre ellos, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; Marcos Gómez, padre de Kim, la niña de 7 años asesinada en febrero de 2025 tras el robo del auto de su madre en La Plata; Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano; y Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson.

Romina aclaró que la norma no tendrá efecto retroactivo. “No va a encarcelar a los asesinos de mi hijo. Soy consciente y me duele terriblemente entender que van a seguir como si nada, sin antecedentes penales, como si la vida de mi hijo no haya valido nada”, expresó. Aun así, ya denomina al proyecto como “Ley Jeremías”.

El detalle del debate

El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Fue la encargada de fundamentar el trabajo del plenario de las cuatro comisiones que analizaron los proyectos.

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No es una respuesta improvisada ni una consigna coyuntural, sino una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos y contradicciones”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa busca incorporar a las víctimas como sujetos de derecho. “Durante demasiado tiempo el sistema penal juvenil ignoró a las víctimas. Esta ley cambia esa lógica y las incorpora con voz, protección y garantías”, sostuvo.

El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

Uno de los ejes centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

Desde Provincias Unidas, el cordobés Juan Brügge presentó un dictamen alternativo. Planteó el concepto de “segunda oportunidad” en el ámbito penal juvenil y propuso establecer una escala penal diferenciada respecto del Código Penal, con criterios de progresividad y proporcionalidad según la edad del menor.

En la misma línea, la diputada Lourdes Arrieta sostuvo que “la inseguridad existe y hay que abordarla con seriedad”, pero advirtió que si el Estado solo aparece para castigar y no con educación, salud y contención, “estamos llegando tarde”.

La diputada libertaria Bárbara Andreussi, integrante de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, afirmó que la ley vigente, de 1982, “fue hecha para un país que ya no existe”. Señaló que el proyecto prevé un enfoque orientado a la educación y la resocialización, con penas proporcionales.

La mayoría de las sanciones no serán de reclusión, sino amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir o monitoreo electrónico. La prisión quedará reservada para casos con muerte o grave violencia física o psíquica y será de máximo 15 años. “Actualizar la ley no es estigmatizar. Es asumir la realidad y combinar responsabilidad, contención y reinserción”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo. “Fijar la edad es el foco de atención de ustedes. Se olvidan del derecho superior del niño”, afirmó.