Crece el alerta por el plan privatizador de Milei de los hospitales SAMIC

Tras el alerta sindical lanzado por La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), que encendió las alarmas sobre una posible privatización de hospitales SAMIC en territorio bonaerense, en las últimas horas comenzaron a sumarse nuevas voces al reclamo.

La FESINTRAS había manifestado este martes su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que los hospitales SAMIC —centros de atención gestionados de forma conjunta entre Nación, provincia y municipios— sean privatizados.

El pronunciamiento surgió tras las últimas declaraciones del Ejecutivo nacional sobre el futuro de estos establecimientos y la eventual implementación de modelos de gestión privada, como el denominado “modelo español”, que prevé hospitales públicos administrados por privados con un sistema de cápitas para la atención de sectores vulnerables.

“Esta alternativa, que el Gobierno presenta como una opción ‘en estudio’, representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud, y pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”, advirtió Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS y titular de CICOP.

En la provincia de Buenos Aires, los hospitales que quedarían alcanzados por esta posible redefinición de su gestión son el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Dr. René Favaloro de Rafael Castillo, el Hospital Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.

Desde FESINTRAS remarcaron que estos establecimientos “cumplen un rol estratégico dentro de la red sanitaria nacional y provincial, garantizando el acceso a la salud de millones de personas y funcionando, en numerosos territorios, como centros de referencia de alta complejidad”.

Maciel sostuvo que “hablar de privatización o gerenciamiento privado, aun bajo el discurso de garantizar la atención a la población vulnerable, implica subordinar la salud al lucro, fragmentar el sistema sanitario y deteriorar tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la calidad de las prestaciones”.

El conflicto se profundizó luego de que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, reflotara las supuestas deudas que el Estado bonaerense mantendría con los hospitales SAMIC. “El total de la deuda del gobierno bonaerense es de 507.064 millones de pesos”, afirmó el funcionario. Desde la Provincia, en cambio, cuestionaron ese monto y recordaron que la Nación mantiene una deuda mucho mayor con Buenos Aires.

En ese contexto, FESINTRAS denunció una “asfixia económica y financiera” producto de las políticas nacionales. “Esa deuda no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales, a los equipos de salud ni a la comunidad. La salud no puede ser variable de ajuste”, enfatizó Maciel.

Como ejemplo, mencionó la situación del Hospital El Cruce de Florencio Varela: “Los trabajadores vienen llevando adelante distintas acciones para visibilizar una realidad económica crítica que obliga a gran parte del personal a sostener múltiples empleos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes”.

Las críticas también llegaron desde La Matanza. El secretario de Salud Pública del municipio, Alejandro Collia, expresó: “Los hospitales SAMIC son atención, derechos y presencia del Estado donde el mercado no llega. Ajustar por ahí es elegir el negocio antes que la gente. Primero la salud pública. Siempre”.

En paralelo, el Foro por el Derecho a la Salud lanzó una campaña de firmas contra la iniciativa. “Defender los hospitales SAMIC es defender la salud pública, los puestos de trabajo y el derecho a una atención gratuita, universal y de calidad. Sumá tu firma y ¡hagamos oír nuestra voz!”, convocaron al compartir el enlace al petitorio.

Frente a este escenario, FESINTRAS reafirmó su postura y no descartó medidas de fuerza. “Desde FESINTRAS defendemos los hospitales públicos, el trabajo en salud y el derecho de toda la población a una atención sanitaria gratuita, universal y de calidad. Frente a cualquier intento de privatización encubierta, nos declaramos en estado de alerta y movilización”, concluyó Maciel.